Esta semana, la provincia dejó de estar en emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera, ya que la Legislatura no prorrogó la norma que declaraba esta instancia.
Esta semana, la provincia dejó de estar en emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera, ya que la Legislatura no prorrogó la norma que declaraba esta instancia.
La medida había sido impulsada en 2020, al comienzo de la pandemia de Covid-19, y fue extendida por un año más en 2021. Días atrás, el Ejecutivo envió otro proyecto para que se mantuviera durante otros doce meses la declaración, pero -hasta el momento- no fue discutida en el parlamento local.
Desde el oficialismo habían indicado a SITIO ANDINO que no habían recibido indicaciones concretas del Gobierno de avanzar con la medida. De esta manera, el 16 de abril fue el último día que la misma estuvo vigente.
La ley (que tuvo su primera extensión en abril del año pasado), habilitaba al Estado a renegociar contrataciones, suspender licitaciones y concursos en trámite, reasignar partidas presupuestarias, autorizar la instalación de hospitales de campaña o modulares y realizar compras directas.
También permitía declarar inembargables las cuentas bancarias, fondos de coparticipación federal y bienes del Estado provincial, suspender los procesos de ejecución de sentencia y, además, la toma de créditos.
Si bien los movimientos arbitrarios de fondos facilitaron la actuación del Estado en los momentos más críticos de la pandemia, desde el radicalismo expresaron que casi no se utilizaron las autorizaciones de crédito. Se trataban de cerca de 20 mil millones de pesos que, en el primer año, gran parte del arco político aprobó.
Sin embargo, y luego de las demoras en la rendición de cuentas por parte del Gobierno, para 2021 el peronismo no acompañó la prórroga.
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