Mendoza sigue a la espera de que la Nación avance en dos acuerdos clave sobre los que vienen negociando desde hace tiempo. Si bien se esperaba que hubiese novedades en estos días, hasta este miércoles no habían llegado, pero igualmente desde la Casa de Gobierno mantienen el optimismo.
Estos dos acuerdos son la refinanciación de una deuda multimillonaria que mantiene con la institución a nivel nacional, y por el otro renovar las prestaciones del Nación.
Los dos grandes acuerdos que preparan Mendoza y el Banco Nación
Si bien no hay novedades, los tiempos están dentro de los límites normales. Desde el propio Gobierno local estimaban que recién a finales de abril se podrían estar concretando las firmas, aunque podría dilatarse unos días más.
Hace unos 20 días el directorio del Banco Nación aprobó ambas cuestiones. La refinanciación de la deuda es un objetivo del gobernador Rodolfo Suarez, en el que trabaja desde hace varios meses ya que -de no lograrlo- se enfrentaría a pagos onerosos en medio de una crisis económica. De hecho, podría decirse que este acuerdo fue el "cambio de figuritas" para que Mendoza adhiriera al Consenso Fiscal que impulsó el presidente Alberto Fernández.
La promesa por parte del gobierno nacional de refinanciar este crédito, como así también el que mantiene con la ANSES, fue una de las garantías para que Suarez firmara el Consenso Fiscal que promovió la Nación en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para que le refinancie la deuda.
Es que las condiciones que establecía este pacto no le significaban oportunidades a la Provincia, de hecho debió suspender por un año el inicio de la demanda contra la Casa Rosada por supuesta discriminación en el envío de fondos discrecionales a Mendoza. Por eso, el factor de convencimiento para que adhiera fue -precisamente- la refinanciación de las deudas con estos organismos.
"El proceso es largo. El primer paso es la aprobación del directorio del Banco Nación de las condiciones que habíamos estipulado", aseguró a SITIO ANDINO el 22 de marzo el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en referencia a que el 17 de ese mes el Nación le dio el ok a una operatoria de 60 meses, incluidos doce de gracia, con intereses que se devengarán a una tasa Badlar + 3%, a diferencia del cálculo que regía en base al valor de la UVA el día de efectivización del pago de la cuota.
Esta deuda asciende a 18.000 millones de pesos (actualizada), correspondiente a un préstamo amortizable que vence en 2026.
A partir de eso, se esperaba que en los primeros días de abril se conociera el aval del Ministerio del Interior, donde se presentó la documentación legal y financiera: allí se chequean que las autorizaciones de endeudamiento estén vigentes, que haya cupo de refinanciación, los ratios de endeudamiento y que no se excedan los ratios de responsabilidad fiscal, entre otros factores. Pero todavía no hay noticias.
Logrado ese aval, debe pasar al al Ministerio de Economía, donde el secretario de Hacienda tiene que autorizar a la Provincia el endeudamiento y de ahí al Banco Central para que exceptúe al Banco Nación de la restricción que tienen los bancos para financiar al sector público. Luego se firma la refinanciación con el Banco.
Consenso Fiscal: primer acercamiento entre Provincia y Nación
Esto destrabaría el aval de la Legislatura al Consenso Fiscal, que el propio Ejecutivo pidió no aprobar hasta que hubiera avances sobre los compromisos asumidos por la Casa Rosada para lograr la firma de Suarez.
Por otra parte, el contrato del Nación como agente financiero de la Provincia representa una importante fuente de ingresos para el ente que preside Eduardo Hecker, y movimientos de dinero millonarios. No sólo incluye la administración de las cuentas de los casi 100 mil empleados públicos que tiene la provincia, sino también el pago a proveedores del Estado, la recaudación impositiva, la recepción de la coparticipación federal y la prestación de diferentes servicios a la tesorería, gestión de personal, entre otros.
En cuanto a la duración del vínculo, sería nuevamente de cinco años, con la incorporación de una cláusula de extensión por otro lustro, bajo condición del consentimiento expreso de ambas partes.