El ajuste de tarifas es uno de los temas que más preocupan, por su impacto en una economía maltrecha. Al respecto, el ya ex diputado nacional y ahora provincial electo, José Luis Ramón, se refirió a la iniciativa de impulsar una demanda contra los últimos aumentos que impactan tanto en los usuarios de electricidad como de gas natural.
"Hace mucho tiempo venimos participando en distintas audiencias públicas donde se trata el valor de la generación, transporte y distribución. Y hace un par de años hemos advertido que dentro del sistema interconectado nacional los productores del fluído eléctrico le venden a una empresa intermediaria que es Cammesa y a su vez le vende a las distribuidoras como Edemsa. Esa empresa es un gran "monje negro", que desde que se privatizó el servicio eléctrico en los '90, administra los fondos del Tesoro nacional y subsidia a grandes distribuidoras de Buenos Aires como Edenor y Edesur", introdujo Ramón, en diálogo con radio Andina.
Respecto a la última audiencia realizada en febrero, el legislador y referente de Protectora Fuerza Política recordó haber presentado "24 pedidos de información" tanto a la Secretaría de Energía de la Nación, como al ente regulador (Enre), a las distribuidoras bonaerenses (Edenor y Edesur) y a la misma Cammesa, entre otros destinatarios. Y señaló que "se llegó a la conclusión de que ese monje negro (Cammesa) oculta toda la información que deberíamos tener para saber si realmente corresponde un aumento de la tarifa eléctrica o no".
"También concluimos en que las transportadoras y las distribuidoras no han hecho las inversiones que debían hacer para que haya mejor acceso al servicio eléctrico, a una tarifa adecuada para el interés económico de las familias, pymes y mipymes del país. Y en esto, ni la Sindicatura General de la Nación ha emitido el informe que avale que los aumentos puedan aplicarse", agregó.
El antecedente citado por Ramón es el ajuste acumulado del 700% que otorgó entre 2015 y 2019 el ex ministro de Energía Juan Aranguren a las empresas productoras a cambio de inversiones que, a su criterio, nunca se concretaron. Y así "tanto en Buenos Aires como en nuestra provincia, donde hubo apagones, embolsaron ganancias monstruosas".
Por eso, el legislador que impulsa la demanda contra las subas de tarifas remarcó que no puede haber otro aumento, tal como reclama en su demanda contra el decidido por la Nación a partir del 1 de marzo. Y ahora espera que el Juzgado Federal n° 11, a cargo de las causas en el fuero contencioso-administrativo, resuelva la demanda contra el Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía, y las empresas señaladas.
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