Los planteos vitivinícolas que le esperan al Gobierno nacional en Vendimia
Cristian Lozano
Un año más serán un eje discursivo. Eliminar las retenciones o derechos a las exportaciones vitivinícolas de cuajo es un planteo recurrente, que sube de tono sobre todo en medio de la agenda político-económica de la Fiesta de la Vendimia, pero en este 2022 no es el único: a la luz de los baches de la macroeconomía, la industria del vino se encolumna detrás de medidas en pro de una mayor competitividad (léase mejor tipo de cambio) y la necesidad de infraestructura productiva.
En el contenido se cuela una inesperada disputa por quién manejará una caja de u$s 40 millones para financiar inversiones. Pero el marco es el mismo desde hace 16 años: la agenda sabatina de la Fiesta de Vendimia se abre temprano con el ya clásico Desayuno de Coviar, punto de encuentro de autoridades provinciales, nacionales, dirigentes y políticos con la cúpula de la Corporación, anfitriona de un evento que, a la luz de una coyuntura desafiante, promete temas bien concretos.
Al habitual balance, le seguirán los planteos y, como es esperable, algún tipo de respuesta por parte de los funcionarios, tanto del Ejecutivo mendocino como (y en especial) de la Nación. Esta vez, con la inclusión del PEVI 2030, la reformulación del plan estratégico vitivinícola original que llevó más de 2 años de discusiones y, pandemia mediante, terminó de presentarse durante el 2021.
Para sacarle brillo a la gestión frente a una grieta institucional abierta a fines del 2020 con Bodegas de Argentina, el nuevo plan estratégico ostenta un récord histórico de exportaciones de vinos fraccionados con u$s 888,5 millones, que trepan a u$s 1.006 millones con ventas a granel y de mosto.
Eso no le quita espacio a la hora de los pedidos a un reto que llegó para quedarse: la crisis hídrica. Para eso ya se le reservó un espacio al requerimiento de obras de eficiencia en los distintos oasis de Mendoza y San Juan, con la premisa de complementar lo que ya se hace para la mejora del riego intrafincas.
Las chances de retenciones 0 y un dólar más competitivo
Junto a los elaboradores de vermuth, más de 360 bodegas pymes que exportan hasta u$s 500.000 anuales dejaron de pagar retenciones el último año. Son 8 de cada 10 establecimientos en el país, mientras que al resto le cabe aún la alícuota plena (4%) o paga la mitad: a ellos apunta el nuevo pedido de reducción o eliminación, que tampoco excluye al mosto concentrado.
El Gobierno nacional, por su parte, se aferra al universo de exportadores beneficiados durante el 2021, frente al contexto difícil que se avecina con el acuerdo a refrendar con el FMI. Un pacto complejo que pone la lupa en bajar el déficit fiscal y siembra alguna incertidumbre acerca de las pretendidas concesiones.
Aún así, la industria va por todo: llevar de 2% a nada el gravámen a 26 establecimientos que facturan entre 501 mil y u$s 1 millón, y lo mismo para grandes bodegas que superan largamente ese tope y tributan el 4%. Chance que parece remota para un Gobierno lanzado a la segmentación de subsidios energéticos (otra condición del FMI) que recaerá en el 10% de los contribuyentes de mayores recursos. Y al mismo tiempo poco dispuesto a jugar con su recaudación.
La dirigencia vitivinícola le recordará algunos números a Julián Domínguez, el interlocutor del Gobierno nacional en el marco de la Vendimia. Una radiografía que muestra a 18 provincias productivas, más de 17.000 productores que explotan 214.798 hectáreas productivas y emplean a más de 385.000 personas, suficiente para resaltar la importancia del "efecto derrame" de dejar de pagar derechos de exportación.
Además, aunque no es nuevo para una economía tironeada por los controles cambiarios y la suba de costos, y tampoco una cuestión privativa de la vitivinicultura, el sector vuelve a poner sobre la mesa cuánto afecta a la competitividad el tipo de cambio actual.
El tema es muy simple para los dirigentes, que pretenden ni más ni menos que "un dólar que acompañe a la inflación". Por si no se entiende, comparan las curvas de un tipo de cambio que, con cepo, en el último año a duras penas se actualizó cerca del 30% frente a una variación de costos que superó el 50%.
La pelea por los u$s 40 millones
"Estamos discutiéndolo todavía", reconoció Eduardo Sancho, vicepresidente de Coviar. Sucede que el tema no es menor, por tratarse de la administración de fondos millonarios destinados a mejoras para la vitivinicultura, y que durante su existencia siempre captó la Corporación.
Es la segunda versión del PROVIAR (Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina) que ya se aseguró u$s 40 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Después de varios años, en 2021 se logró el aval y la priorización del proyecto ante el organismo financiero multilateral, pero recientemente hubo un giro inesperado cuando Domínguez dispuso que el dinero "baje" vía INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
El Proviar original, gracias a otro préstamo que se canaliza en forma de aportes no reintegrables, había empezado a ejecutarse en 2009 en integración con bodegas y modernización de viñedos, y a través de la entonces joven Corporación. "Tenemos la estructura, los profesionales y la experiencia, además de conocer las necesidades", argumentan en favor de que no haya cambios al respecto, o al menos no dejar de participar del proceso, para lo cual las negociaciones siguen.
