Pidieron más transparencia y "gradualidad"

Costo del gas: el rol mendocino en la audiencia pública sobre el próximo recorte de subsidios

Por Miguel Ángel Flores

En la despedida de enero, pasó una nueva audiencia pública pero no una más. Es que la discusión del precio del gas natural en boca de pozo o valor PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) convocada por la Secretaría de Energía implicó analizar varios escenarios en función de la quita de subsidios comprometida en el acuerdo con el Fondo Monetario.

A propósito de ese punto, tuvo sus claroscuros y en tal sentido varios planteos plagados de críticas por falta de información, transparencia y pedidos, sino de evitar que se elimine la inyección de fondos para aliviar las facturas a los usuarios finales, al menos de ir hacia un "gradualismo", concepto que conocimos durante la gestión de Macri.

A esa altura, las voces mendocinas se hicieron escuchar entre los expositores, dado que el Gobierno, busca aprobar incrementos que para el usuario equivalgan a menos del 33% para todo 2022, según el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado por la oposición en el Congreso. Pero la condición del Fondo de "avanzar en una reducción" de los subsidios (algo que es parte de la revisión de metas al 2024) modificó el escenario.

El informe de la Secretaría indica que el Estado nacional actualmente subsidia 70,9% de los más de $305 mil millones del costo de extracción. Si asumiera el 100% del costo del gas, la tarifa final bajaría entre el 38% y el 53%, según la distribuidora, categoría y época, por las oscilaciones estacionales, y permitiría el tope del 20% de suba aunque a contramano de lo firmado con el Fondo.

Los otros dos escenarios: si la cobertura fuera del 44,4% del costo del gas, al usuario le significaría una suba de entre el 34% y el 49%. Aunque una quita total (subsidios = 0) implicaría que la tarifa final se duplique, "shock" que recuerda a la era macrista y que la gestión Fernández descarta por ahora.

La postura de los mendocinos

Previo a la audiencia, más de 30 asociaciones de consumidores pidieron por escrito un detalle de los costos a discutir y de la ecuación del impacto de una eventual quita de subsidios. En ese aspecto, Mendoza también dijo presente.

El ex senador nacional y actual diputado mendocino José Luis Ramón advirtió la falta de respuestas de la Secretaría a la solicitud de "información veraz". E hizo hincapié en el dato que todos reclamaron: cuál es el costo real de producción de gas en el punto de ingreso de sistema de transporte.

"En ese sentido estamos igual que en 2016, cuando el costo aproximado era de u$s 3,54", dijo el legislador, antes de avanzar en un enfoque más de fondo. "Tenemos que repensar el esquema de privatizaciones de los servicios públicos de los '90. Llevamos 30 años que los concesionarios están "sentados sobre el gas" y si no se concede el valor que pretenden entonces el Estado debe hacerse cargo del costo que subsidiamos todos".

Fiel a su estilo provocativo, Ramón enfatizó que "el dinero deben ponerlo aquellos que se reparten las ganancias, las empresas". Y, pese a ser un aliado del oficialismo no titubeó en criticar "al ministro de Economía (Martín Guzmán) está poniendo por delante la recaudación impositiva que el derecho de los usuarios".

Los datos dados a conocer indican que el 84% del gas que se consume es de producción nacional, mientras que entre 7 y 9% se importa desde Bolivia por más del doble del valor por BTU (u$s 7,43).

Por su parte, la diputada nacional Jimena Latorre, hizo su aporte como voz de la oposición política en el Congreso. "Venimos a analizar los precios PIST y en particular la porción que asumirá el Gobierno. Tendrá que ver con el déficit fiscal y el cumplimiento de metas, porque en lugar de las tarifas se terminará pagando con el más inequitativo impuesto, la inflación".

Latorre recordó que en 2019 "el 98% de la demanda prioritaria estaba cubierta", y que desde 2004 existe una "anomalía", porque "lo normal es que la producción sea una actividad desregulada. Esto es consecuencia es que no tenemos la certeza jurídica ni macroeconómica para que haya más inversiones, una mayor oferta, y en consecuencia, precios más bajos".

Luego de insistir en la necesidad de un estudio que muestre la demanda de gas natural, recordó que Argentina aún depende del contrato de importación de gas desde Bolivia, cuya "addenda" firmada en 2021 que volvió a prorrogarse por otro año. Y cuestionó "de dónde saldrán los fondos" si se avanza con el entendimiento con el FMI "sin saber tampoco cuánto gas se importará" a partir de un esquema que insume más de u$s 5 mil millones.

Actualmente, con un 71% del costo subsidiado, el valor del m3 de gas natural llega a los usuarios a través de las facturas a $6,16. Y, de acuerdo a las estimaciones, recortar la ayuda al 44% implicaría llevarlo a $11,67, un incremento hasta 3 veces mayor al tope prometido por el Gobierno nacional.

Sin embargo, también hubo intervenciones en sintonía con el marplatense Federico Otamendi, que se manifestó a favor con la segmentación de subsidios "en favor de los hogares de menos recursos, en base a un criterio de gradualidad y razonabilidad que ayude a actualizar las tarifas y a la previsión de las familias.

Una de ellas fue la de Romina Ríos, de Protectora Asociación de Defensa de Derechos del Consumidor, en base a una relación por demás elocuente basado en el llamado índice de Pobreza Energética que luego del 2019 sumó 3 millones de hogares incapaces de pagas sus facturas.

"Un usuario que paga casi 1/3 de un salario mínimo, y si sumamos lo que toca a un inquilino, supera largamente los ingresos. Si bien el índice de cobrabilidad de distribuidoras como Ecogas es alto, no significa que sean facturas pagables", consignó Ríos al rechazar los 3 escenarios propuestos por Energía y proponer una reducción gradual de los subsidios para una política tarifaria "responsable" parte de un trabajo conjunto con las entidades de usuarios cuya realidad diaria no llega muchas veces a los oídos de los funcionarios".

Alicia Barrionuevo, también integrante de Protectora, describió la postal mendocina, no sin advertir que una quita abrupta dispararía una catarata de acciones legales en contra. "El aumento del 40% aproximadamente, entre boca de pozo, transporte y distribución, conllevaría un costo social dañino y confiscatorio de los salarios para una provincia de Mendoza con 40% de pobreza".

Desde Buenos Aires, se sumó a ellas María José Lubertino, de la Asociación Ciudadano de Derechos Humanos, no sin dejar de atribuir una escasa participación de expositores a la falta de difusión de la audiencia.

"Venimos a cuestionar los subsidios al "club de vivos", porque es abonar la desigualdad social. Coincido con el diputado Ramón en revisar el modelo privatista sobre la administración de los bienes comunes, que es mejor pública que privada, pero también hay que pensar en la transición energética", expuso Lubertino, además de retomar la visión de Latorre. "Si la obediencia debida al FMI implica sacar subsidios habrá que analizar quién asumirá la diferencia".

A contramano: los que piden más subsidios

Llegado el turno de las empresas prestadoras del servicio empezaron a dividirse las aguas, dado que la mayoría se centró en defender la suba de tarifas. E incluso, a contramano del resto de los expositores, en que no se quite la asistencia, sino por el contrario, en reforzarla.

Ecogas estuvo representada en ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina), que integra junto a otras 5 distribuidoras regionales. En total, concentran 27 millones de personas (9,1 millones de usuarios o cuentas).

"Las distribuidoras en la cadena de valor son responsables últimas de garantizar la accesibilidad al recurso del gas. Y representan 24% de las facturas del servicio", señaló su gerente, Daniel Martini, antes de observar comparativamente un marcado desfasaje de los incrementos históricos entre distribución (3.200% acumulado desde 1992) contra generación (15000%).

Al pedir que se atienda el pedido de ajuste a las distribuidoras del 19 de enero, para Martini, "con un aumento del 91% del precio trasladados a usuarios (sin subas de márgenes de distribución), se consolidaría esa pérdida. Y generaría un sobrecosto, a través del "pass-through" de más de $7.800 millones que las distribuidoras no podrían afrontar".

También los subdistribuidores, otra categoría de clientes, reclamaron una tarifa diferencial sin quita de subsidios. En particular las que se aferran a deudas con sus proveedoras, como lo expuso Roberto Santángelo, de la firma Axe, del Partido de la Costa.

Pablo Mulet, secretario del Instituto del sector, recogió esa inquietud. Y afirmó que las "medidas adoptadas hasta aquí son absolutamente insuficientes", ejemplificándolo en la quiebra de algunas que, por el tamaño de sus pasivos, terminaron por transferir activos y redes a las grandes distribuidoras como Cammuzzi.

Mulet aludió, entre otros factores, a la inflación y a decisiones como los "tarifazos" de la gestión Macri: de hecho, solicitó restituir los subsidios a la subdistribución eliminados durante la gestión de Aranguren por el pass-through "con lo cual el costo del gas pasó a representar del 30% al 85% y produjo la quiebra de muchas pymes que ya estaban endeudadas".

Por su parte, Victoria Noriega, de la Federación de Subdistribuidoras, reforzó ese pedido. Es que para la mayoría de ellas (unas 60 pymes y/o cooperativas), con una cobertura de más de 500 mil usuarios en todo el país "el 85% de los ingresos se destina a pagar a las distribuidoras, aunque hay otros servicios que sí permiten conseguir excedentes".

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