El proceso licitatorio de una nueva sede del Casino de Mendoza en la zona Este, que reemplazará a las que funcionan actualmente en San Martín y Rivadavia, deberá ser revisado por Fiscalía de Estado, luego de que UPJCM -gremio que nuclea a los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC)- denunciara una posible afectación del patrimonio tras conocerse las ofertas para llevar adelante la obra.
Es que las tres firmas oferentes solicitan porcentajes de ganancias de 54,75%, 77,17% y 68%, respectivamente, y un plazo de concesión de 20 años.
"Resultan muy llamativas, y a nuestro entender excesivas, las ofertas presentadas, en especial lo relacionado a los porcentajes requeridos y a los plazos de la concesión, más aun si los comparamos con las condiciones originales de la licitación y vigentes al día de la fecha, que son 49% de participación privada y un plazo de 10 años en la concesión", señala en la denuncia el secretario general del sindicato, Martín Caín.
%u27A1%uFE0FSolicitamos la intervención de Fiscalia de Estado%u203C%uFE0FEn el marco de la licitación que se está llevando adelante en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, para otorgar la concesión del Casino de zona este, hemos solicitado la intervención del fiscal de Estado. pic.twitter.com/Ygga8ZMwDa
— U.P.J.C.M (@UPJCMoficial) August 2, 2021
En la presentación ante el ente que conduce Fernando Simón, la organización sindical expone un cálculo realizado por su área económica, que estima que de aceptarse alguna de las ofertas incluidas en el pliego, el Estado mendocino dejaría de percibir entre 60 y 338 millones de pesos anuales, dependiendo de qué empresa se quedara con la licitación.
"De concretarse la adjudicación sin tomar en cuenta los parámetros vigentes de participación privada, además de afectarse los ingresos del Estado provincial, se generaría una afectación a las transferencias que por ley el IPJyC destina como principal objetivo a planes de salud", advierten desde UPJCM.