El tratamiento parlamentario del proyecto de reforma constitucional del gobernador Rodolfo Suarez está cerca de concluir, a pesar de que la oposición no participó en prácticamente ninguna parte del proceso.
El tratamiento parlamentario del proyecto de reforma constitucional del gobernador Rodolfo Suarez está cerca de concluir, a pesar de que la oposición no participó en prácticamente ninguna parte del proceso.
La iniciativa, anunciada por el primer mandatario en su discurso del 1° de Mayo del 2020, estuvo congelada varios meses en el Senado. Este año retomó impulso, y en un encuentro realizado en el auditorio Ángel Bustelo el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, presentó la propuesta.
Solo en esa ocasión estuvieron presentes las y los legisladores de los bloques opositores. Con la negativa de esos sectores a discutir cambios en la Carta Magna en el contexto de pandemia y con el modo en que fue dispuesto el debate, el oficialismo igualmente avanzó en soledad.
Este jueves, el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas cámaras recibió al secretario de la Junta Electoral de la provincia, Jorge Albarracín. En la visita, el funcionario que tiene a cargo los comicios locales ahondó sobre los puntos relativos al régimen electoral de la reforma, e hizo un repaso sobre las modificaciones que han tenido esas normas en los últimos años en el país.
No fue el único encuentro con especialistas. Desde abril, pasaron por LAC referentes en temas económicos y fiscales, integrantes de universidades, constitucionalistas y también la directora de Género y Diversidad de la provincia.
Ahora, solo restará que el presidente de LAC en el Senado, Marcelo Rubio, cite a decanos de las facultades de Derecho y a intendentes, con el objetivo de cerrar las exposiciones sobre todos los temas que abarca el proyecto. Tras esto, la discusión pasará al estricto ámbito de la Cámara Alta, en donde se definirá el despacho que podría llegar al recinto.
Las dudas están en si Cambia Mendoza mantiene su postura original de forzar una votación para que la oposición rechace la ley públicamente una vez más o si, en plena campaña electoral, se suspenda el plan para evitar un resultado negativo para el oficialismo.