Una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas que involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior fue desarticulada tras una investigación conjunta entre la Aduana y la DGI.
La denuncia por asociación ilícita de la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia Federal cordobesa derivó en más de 36 allanamientos simultáneos el mismo día por parte de 199 funcionarios de la AFIP (tanto de la DGA como de la DGI). Fueron 15 en Córdoba, 14 en Misiones, 6 en Mendoza y uno en Buenos Aires.
La maniobra denunciada y desarticulada con la colaboración de fuerzas federales de seguridad consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para desde allí volvía a vender a terceros países.
Durante los procedimientos se detuvo a 3 personas, se secuestraron vehículos, armas, más de $4 millones, divisas por 32.000 dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares. Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina y a su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos, explicaron fuentes del organismo recaudador.
Cómo se realizaba el ilícito
Las operaciones investigadas por la Aduana y la DGI, que encabezan Silvia Traverso y Virginia García, permitieron a la justicia desarticular una asociación ilícita que evadía y fugaba divisas a través de empresas fantasmas.
Tras la denuncia la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba impulsó una serie de allanamientos que contaron con la asistencia del personal de la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintas provincias.
La asociación ilícita denunciada estaba compuesta por contadores, escribanos, abogados, financistas operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior exportaban productos primarios subfacturados a Brasil que habían sido adquiridos sin facturas a través de empresas sin la capacidad económica para adquirirlos.
Las investigaciones arrojaron incongruencias entre los integrantes de la sociedad y las personas que realmente dirigían la firma. Estas, a su vez, poseían vinculaciones con personas físicas y jurídicas con antecedentes de mal comportamiento fiscal y aduanero, informaron las fuentes consultadas.
Con toda esta información, la pesquisa continuó en las áreas investigativas de la DGA y de la DGI, y culminó con la denuncia judicial por asociación ilícita, ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba a cargo de Enrique Senestrari.
