El Jury de Enjuiciamiento encontró culpable de "desorden de conducta" al juez de la Quinta Cámara Laboral, Antonio Sánchez Rey, y resolvió su destitución. El magistrado había ejercido presiones sobre sus compañeros de cámara para que homologaran un acuerdo con la ART Provincia por una indemnización de $ 4,5 millones tras haber sufrido un accidente laboral.
Hubo 12 miembros de los 21 integrantes del tribunal que votaron por destituirlo. De esta manera Sánchez Rey, de 79 años, no podrá acceder a una jubilación de privilegio.
El Jury resolvió por unanimidad absolver al magistrado por la causal de mal desempeño que se le atribuía en la causa, pero determinó por mayoría condenarlo por la causal de desorden de conducta y en consecuencia destituirlo de su cargo de juez laboral. Los fundamentos del fallo se conocerán el 10 de diciembre.
El juicio oral contra el magistrado comenzó el 5 de noviembre y tanto la querella como el representante del Ministerio Público Fiscal de la provincia, el procurador Adjunto, Gonzalo Nazar, habían solicitado en sus alegatos la sanción de destitución.
Todo el proceso se desarrolló de manera semi-presencial teniendo en cuenta los protocolos sanitarios por el distanciamiento social. El presidente del tribunal fue el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo, y estuvo acompañado en la sala de audiencias por la jueza Teresa Day. También se hallaron presentes los miembros de la parte acusadora y los abogados de la defensa.
El resto de los integrantes del Jury siguieron el debate vía streaming y este jueves estuvieron más de tres horas deliberando hasta llegar a la sentencia.
Antonio Vicente Sánchez Rey, juez de la Quinta Cámara Laboral, había sufrido un accidente en mayo del 2017 donde se lesionó un brazo con el portón automático de la playa de estacionamiento del Poder Judicial e inicio una demanda contra el Estado.
El magistrado alcanzó un acuerdo de $ 4,5 millones de indemnización con Provincia ART, convenio que debían homologar sus colegas de la cámara laboral, Viviana Gil y Jorge Consolini, jueces que posteriormente denunciaron que fueron presionados por él para avalar ese acuerdo.
En el transcurso del proceso intervino la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que determinó que el monto de indemnización que le correspondía era considerablemente inferior, por lo que no se homologó el acuerdo y denunciaron las irregularidades detectadas en el proceso.