Luego de un año, la Justicia debe resolver ¿quién se quedará con la planta de la ex Industrias Matas?
Foto: Cristian Lozano
La historia se remonta a mediados de 2019, cuando la Justicia dispuso el remate de la planta de la ex Industrias Matas, en Guaymallén, que desde 2014 ha estado en manos de la Cooperativa de Trabajo La Terre como empresa recuperada. A partir de allí se inició una batalla legal entre los antiguos empleados y actuales socios con American Garlic, la exportadora de ajo mendocina que presentó la mejor oferta, que tras las últimas 2 conciliaciones fallidas parece entrar en terreno de definiciones.
La decisión que tome la Cámara de Apelaciones cerrará esta etapa de la pelea iniciada por La Terre en defensa de la reactivación de la firma luego de decretarse la quiebra de Matas, que devino en sentencia disparadora del litigio: el de la jueza de Concursos y Quiebras Gloria Cortés, al adjudicarle el inmueble a Mariano Ruggeri, de American Garlic, por algo más de $25 millones.
El, por ahora, último round fue el miércoles 18, pero ninguna de las partes parece todavía dispuesta a "tirar la toalla". Los socios de la cooperativa pusieron sobre la mesa de negociación una variante de la contrapropuesta anterior: subdividir el predio prácticamente en 2 mitades iguales, bajo determinadas condiciones. Pero los representantes legales de Ruggeri, otra vez, dijeron no.
"La propuesta incluyó instalar una línea de producción al oferente, además de acondicionar unos hornos sin uso en un ala de la fábrica que está ociosa. Mientras, la cooperativa mantendría las fuentes de trabajo y la capacidad de producción en el sector que ocupa actualmente, dado que el traslado a otro predio, es materialmente imposible", señaló Carlos Ferro, abogado de La Terre.
El argumento de la cooperativa para resistirse a la mudanza es que "no solo llevaría un tiempo hacerla, sino también porque sería a un terreno más chico en comparación con el actual. Por lo tanto implica la interrupción de un ciclo de producción importante, disminución de fuentes de trabajo y la pérdida de proyectos de desarrollo social ya emprendidos".
No obstante, la oferta de compañía ganadora del remate va un poco más allá e incluye no sólo capital sino fondos para afrontar una nueva etapa. Esto es, 2 hornos discontinuos, $1 millón para los gastos de traslado, el anticipo del 100% de los créditos laborales de la quiebra (de $14 millones reclamados por los ex trabajadores, la sindicatura reconoce $6,6 millones), lo invertido en mejoras por la cooperativa (cuya cifra no trascendió), y hasta 5 años de alquiler de la nueva locación.
Ahora, tras el no de unos y otros a cada oferta, la Cámara llamó a autos para resolver el expediente generado por la apelación de La Terre. Sin un plazo inamovible, la sentencia podría conocerse en no más de 10 días hábiles.
La postura de American Garlic
Con un perfil distinto, el proyecto productivo presentado por American Garlic, una de las principales exportadoras de ajo de Mendoza, tiene números seductores: 108 puestos de trabajo directo, 55 productores hortícolas integrados,4,5 millones de toneladas de materia prima a procesar y generación de divisas por u$d 5 millones anuales durante los 2 primeros años. Y 10% más a partir del tercero, con América del Norte (EEUU y Canadá), Brasil, Europa y Medio Oriente.
El plan coloca a la futura fábrica, si queda en manos de la familia Ruggeri, como "un polo productivo modelo que ayude al desarrollo económico, social y laboral de Mendoza", capaz de sustituír importaciones incluso. Además, el empresario, que desembolsó u$d 550 mil (690 mil con gastos) luego del remate, anticipa algo que puede ser música para los oídos de productores en tiempos de rentabilidad dispar: ser parte de "un plan de 12 meses, o sea, que puedan vender sus distintas producciones durante las 4 estaciones del año, con precio y cobranza garantizados".
Según Mauricio Guzmán, uno de los asesores legales de la firma, "valoramos la actividad de la cooperativa y lo relevante que siga produciendo, por eso pedimos la conciliación pese a que la empresa no está obligada a colaborar. Presentar una oferta implica un gesto de buena voluntad frente a la demanda de La Terre, que deberían tener otros destinatarios. Y aún con una sentencia a favor la mantendremos así como también la disposición al diálogo".
Sobre el porqué del no a la última contrapropuesta de La Terre, Guzmán señaló que "ceder el 50% de la planta no es potestad de la cooperativa sino de la quiebra. Además de los 14 socios, hay otros 50 ex empleados tienen créditos laborales cuyo asiento de garantía son las máquinas de la empresa y de las que ellos tampoco pueden disponer en su totalidad".
El rol del Gobierno
La Terre había presentado un "recurso de reposición" para revocar la validez de la audiencia con un argumento extra: cuestionar la participación del Gobierno, vía Dirección de Cooperativas y la Secretaría de Industria, además del municipio de Guaymallén por considerar que no tienen interés en el expediente. Sin embargo, a criterio de la Cámara, ya había sido consentida.
"El Gobierno no fue neutral en el debate. Es lamentable como con Alejandro Zlotolow (Subsecretario de Industria y Comercio) a la cabeza se puso a favor del interes empresario ante la Justicia en detrimento de una experiencia cooperativa como La Terre, que pudo reactivar una fabrica quebrada y que hoy es nuevamente una empresa lider a nivel nacional con más de 100 puestos de trabajo", señaló un ofuscado Gonzalo Bonnino, responsable comercial de La Terre.
Zlotolow no tardó en responder. Es que la Ejecutivo ya había depositado en su momento casi $12 millones adeudados en concepto de cánon de ocupación del predio según la Ley de Ocupación Temporaria, pero además, para el funcionario, hubo un respaldo manifiesto al quehacer de La Terre.
"Apoyamos a la cooperativa y valoramos el esfuerzo realizado. Respecto al destino, la jueza nos requirió si, de ser posible, la Provincia podría disponer de un inmueble para la cooperativa como factor que pueda ayudar en la negociación, y dijimos que sí. Pero eso no significa que la voluntad del Gobierno sea mudar a la cooperativa", aseguró Zlotolow.
Según el secretario de Industria "hay que esperar la decisión de la Justicia. Más allá de tratar de acercar a las partes, coincidimos en que lo mejor es una salida negociada".
