En Mendoza hay actualmente.1.500 cooperativas inscriptas, muchas de las cuales registran algún tipo de irregularidad en su funcionamiento. A eso apunta el Plan Integral de Inspecciones lanzado por la Dirección de Cooperativas provincial, por el cual alrededor de 20 supervisores saldrán a la calle a controlarlas.
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Más de 600 cooperativas de Mendoza, bajo la lupa: a qué apuntan las inspecciones
El foco de las inspecciones, según lo resuelto por el director del organismo, Daniel Dimartino, está puesto en "el grado de morosidad en la presentación de documentación obligatoria (estatutos, balances), incumplimientos ante emplazamientos formulados, y denuncias o presentaciones de los asociados, o cualquier interesado que vea menoscabados o afectados sus legítimos derechos".
Para llevar adelante el plan, Dimartino dispuso afectar a todo el personal que presta servicios en la repartición, un plantel de 18 inspectores, entre los que se encuentra hasta su ex titular, Gustavo Calle. El fundamento está en la resolución 9 de enero de 2019, que derogó otras dos de 2010 y 2015, y para facilitar el control se firmó un convenio con el CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas).
La consigna para los inspectores es "corroborar, verificar, examinar, recabar datos, tanto en la sede social como en el lugar donde la Cooperativa realice actividades". En caso de detectar alguna falta, se la emplazará por 3 días (un término "perentorio e improrrogable") a regularizar su situación, y en caso de no hacerlo será pasible de sanciones que van desde una multa hasta el retiro de autorización para funcionar.
Para Nicolás Vicchi, gerente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas) "está bien buscar la regularización del sector, es una potestad del Inaes y de la Dirección en la provincia. Hay cooperativas grandes, con una organización, y otras más chicas, entre las algunas pueden estar atrasadas en la presentación de documentación, pero no es general".
Se estima que del universo de cooperativas inscriptas en Mendoza, están activas alrededor del 40%. Muchas dejaron de funcionar y en ese contexto la parálisis ocasionada por la pandemia, a criterio de Dimartino, fue un factor de incidencia fuerte.
"La ley nacional de Cooperativas estipula un aporte del 5% para promoción e información cooperativa, pero en muchos casos se desconoce si tuvo ese fin. Además, corresponde realizar asambleas, hay cambios de estatutos, pero por la pandemia hubo muchas prórrogas de mandatos y existen muchos balances atrasados hasta 2019, lo cual les impide ser sujetos de crédito y hasta acceder a beneficios como los de Mendoza Activa", señaló Dimartino a Sitio Andino.
En el medio hay casos que ilustran la necesidad de seguir adelante pese a las dificultades y los cambios de condiciones económicas. Uno de ellos es el de Servigraf, que durante mucho tiempo prestó servicios para un medio impreso local que dejó de editarse, o los "mozos de cordel" o maleteros de la Terminal de Ómnibus: trabajadores organizados que vivían de la propina, cuya actividad se detuvo con la cuarentena.
Al respecto, el funcionario advirtió que "hay 50 familias detrás que intentan subsistir, sabiendo que difícilmente vuelva a ser lo que era antes. Por eso los estamos ayudando a reinventarse", consignó el funcionario. Pero la lista es extensa, e incluye a las históricas cooperativas de vivienda que, más allá de situaciones irregulares que están en manos de la Justicia, también están en complicaciones por la falta de financiamiento.
"A diferencia de una S.A. en problemas, cuando se trata de una cooperativa se expone mucho más. Pero poco se visibilizan las bondades del cooperativismo. Lo importante es no estigmatizar", redondeó por su parte Vicchi, acerca de las consecuencias.