A través de la Resolución 270/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, Argentina incorpora desde hoy a su marco legal normativa establecida por el Mercosur para la protección al consumidor en el comercio electrónico. Y entre otras cuestiones, prevé información precisa y discriminar costos, sobre todo cuando las compras son financiadas.
A partir de la adhesión a las nuevas exigencias, el proveedor debe poner a disposición de los consumidores, "en su sitio web y demás medios electrónicos, en ubicación de fácil visualización y previo a la formalización del contrato", el nombre comercial y social, la dirección física y electrónica, y el correo electrónico de servicio de atención al consumidor.
Además, se debe incorporar "precio, incluidos impuestos y una discriminación de cualquier costo adicional o accesorio, tales como costos de entrega o seguro"; y modalidades de pago con detalle de cuotas, periodicidad y costo financiero total de la operación. Asimismo, deben estar visibles los términos, limitaciones de oferta y disponibilidad del producto o servicio; y condiciones a que se sujetan la garantía legal y contractual como cualquier otra condición o característica relevante.
La medida establece que "en el comercio electrónico debe garantizarse a los consumidores, durante todo el proceso de la transacción, el derecho a información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el proveedor, el producto o servicio y la transacción realizada".
También debe incluir el número de identificación tributaria, la identificación del fabricante y de registros de los productos sujetos a regímenes de autorización previa, si corresponde; y las características esenciales del producto o servicio, incluidos los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores.
Así, determina que "el proveedor debe asegurar un acceso fácil y de clara visibilidad a los términos de la contratación, asegurando que aquellos puedan ser leídos, guardados o almacenados por el consumidor de manera inalterable".
