Diputados y senadores de la oposición encabezados por Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) presentarán hoy un nuevo pedido de Jury contra el Fiscal de Estado Joaquín De Rosas, quien es acusado por una serie de medidas que presuntamente habrían perjudicado los intereses de Mendoza y otras que beneficiaron al grupo empresarial que encabeza Daniel Vila.
En primer lugar, Gutiérrez junto con los senadores Gustavo Valls y Gustavo Cairo y los diputados Daniel Di Martino, Roberto Infante y Alejandro Lima acusan a De Rosas de hacer la vista gorda en dos temas puntuales en los que su intervención podría haber beneficiado económicamente a Mendoza.
|
Por un lado, los recortes que el Gobierno Nacional hace en la coparticipación provincial por el Pacto Fiscal firmado en el año 1992 están en el ojo de la tormenta, ya que el 15% que pierde nuestra provincia podría ser disputado legalmente si el Fiscal de Estado realizara las presentaciones pertinentes, tal como hicieron sus pares de Santa Fe y Corrientes.
No obstante, De Rosas no realizó presentaciones indicando que los fondos de la provincia no pueden ser retenidos por decreto, teniendo en cuenta que desde el 2010 los recortes no son incluidos en el presupuesto nacional.
|
|
Otro de los temas en los que De Rosas, según los legisladores, habría incumplido en sus tareas es el del cobro de las regalías petroleras, ya que el Estado Nacional fija un techo para el precio del barril que es mucho menor al internacional, por lo cual la provincia se ve perjudicada y quien tiene como función trabajar por los derechos patrimoniales de la provincia no hizo nada al respecto.
Finalmente, otro de los puntos que los diputados le reclaman a De Rosas es el supuesto beneficio que habría realizado al grupo empresario liderado por Daniel Vila.
La historia es la siguiente: la familia Vila debía abonar dos créditos pedidos a ex bancos oficiales en la década del 70 por un monto total superior a los 3.5 millones de pesos, dinero con el cual se habrían hecho acreedores de diversos medios de comunicación en toda la región cuyana.
|
|
No obstante las irregularidades se relacionan con otro tema que incluye al polémico empresario. La sancionada ley para expropiar terrenos del Divisadero Largo dejó muy bien parado a Daniel Vila, que consiguió que sus áreas en esa reserva natural sean tasadas cinco veces más caras que las demás.
La relación entre estos dos casos se da en que el grupo empresario realizó un pedido para compensar la deuda bancaria con el Estado (clara y exigible con garantía hipotecaria en el barrio Dalvian) con los montos que se le pagarían por la expropiación de sus terrenos, los cuales no estaban claro y serían mucho menores de lo necesario para cubrir la deuda contraída.
En este punto es donde se cuestiona la participación de De Rosas, quien habría realizado, según denuncia Gutiérrez, una serie de medidas que favorecieron a Vila, quien terminó recibiendo como tasación por sus terrenos un monto muy cercano a lo adeudado a los bancos, por lo que el empresario terminó pagando la irrisoria suma de $1700 por los préstamos.