El Gobierno nacional promulgó el acuerdo con Chile que establece nuevas reglas para la entrega de personas requeridas por la Justicia de ambos países. La relevancia para Mendoza.
Argentina y Chile tienen un nuevo Tratado de Extradición.
El Gobierno nacional promulgó este viernes el nuevo Tratado de Extradición entre Argentina y Chile, un acuerdo que actualiza el marco de cooperación judicial para la entrega de personas buscadas por la Justicia que se encuentren en territorio del país vecino.
La medida quedó oficializada a través de la Ley 27.824, publicada este 18 de septiembre en el Boletín Oficial. El tratado había sido firmado en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 2023 y recibió la sanción definitiva del Congreso argentino el pasado 27 de agosto.
Aunque se trata de un acuerdo bilateral de alcance nacional, tiene particular relevancia para Mendoza, debido a la extensa frontera que comparte con Chile y al intenso movimiento de personas que existe entre ambos países a través de los pasos internacionales.
El tratado establece las condiciones bajo las cuales Argentina y Chile podrán solicitarse recíprocamente la extradición de personas requeridas por sus sistemas judiciales.
El mecanismo alcanza a quienes sean buscados para enfrentar un proceso penal, ser juzgados o cumplir una pena privativa de la libertad por delitos contemplados dentro del acuerdo.
De esta manera, si una persona requerida por la Justicia argentina se encuentra en Chile, las autoridades nacionales podrán iniciar el procedimiento para solicitar su entrega. Lo mismo podrá hacer Chile cuando una persona buscada por sus tribunales sea localizada en territorio argentino.
El acuerdo está compuesto por 23 artículos y busca actualizar las herramientas jurídicas disponibles para la cooperación entre los dos países.
Para Mendoza, la cooperación judicial con Chile tiene una importancia particular por su condición de provincia fronteriza. El Sistema Integrado Cristo Redentor constituye el principal corredor terrestre entre ambos países y registra un movimiento permanente de argentinos y chilenos por razones turísticas, comerciales y laborales.
La existencia de una frontera internacional también obliga a mantener mecanismos de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales cuando una persona investigada cruza de un país al otro.
El tratado establece precisamente el marco jurídico para que esa cooperación pueda derivar, cuando corresponda y se cumplan los requisitos previstos, en una extradición.
El acuerdo fue suscripto en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 2023, pero necesitaba atravesar el procedimiento de aprobación correspondiente para incorporarse al ordenamiento argentino.
El proyecto ingresó formalmente al Congreso en julio de 2024 y pasó por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue analizado por el Senado.
Finalmente, el Congreso sancionó la ley el 27 de agosto de 2026 y este viernes se completó el trámite interno con su promulgación.
El nuevo instrumento busca así actualizar un vínculo de cooperación judicial entre Argentina y Chile que tiene una extensa historia: el anterior tratado bilateral de extradición había sido firmado en 1888 y aprobado en Argentina mediante una ley de 1894.
La existencia del tratado no significa que una persona buscada en alguno de los dos países sea trasladada automáticamente. Cada pedido debe tramitarse mediante los procedimientos previstos en el acuerdo y ser evaluado por las autoridades competentes. El texto determina las condiciones que deben cumplirse para conceder una extradición y contempla los supuestos en los que un pedido puede ser rechazado.
El objetivo es establecer reglas comunes para Argentina y Chile y facilitar la cooperación ante investigaciones y condenas penales que involucren a personas localizadas al otro lado de la Cordillera.
Con la promulgación de la Ley 27.824, Argentina completó la aprobación interna del acuerdo. Su aplicación bilateral dependerá ahora del cumplimiento de las instancias previstas por ambos países para la entrada en vigor del tratado.
