El paquete de ítems que el gobernador Rodolfo Suárez manda al freezer por 180 días incluyó a algunas tarifas, como la eléctrica y de transporte urbano, y dejó afuera a la del agua potable y cloacas. Precisamente el servicio que luego de dos años puede llegar a aumentar 163% si el mandatario lo autoriza a través de un decreto que podría firmar antes de que termine el mes de enero.
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Mema, sobre la suba de tarifa del agua: "Este mes tomaremos la decisión"
Así lo adelantó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, tras el anuncio del congelamiento que intenta ser un gesto amplio, pero parcial, hacia los usuarios mendocinos. El pedido de incremento de Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza), que ya superó la audiencia pública en diciembre "sigue su curso", según el funcionario.
"La empresa estuvo dos años sin recibir aumentos. Estamos terminando de analizar los números del aumento pretendido, pero probablemente durante este mes se tome una decisión", aseguró Mema en declaraciones a Radio Andina.
La referencia incluye no sólo cuándo se traslade a las facturas, sino cuánto y cómo. Es habitual que la Provincia asigne partidas presupuestarias para "amortiguar" el impacto en el bolsillo de los usuarios, pero, sea o no así ésta vez, también es probable un cronograma de cuotas a lo largo del año 2020 como ya ocurrió con el 78% en tres tramos durante 2018.
Esta vez, la proyección muestra que, de aplicarse el porcentaje pretendido, la factura promedio bimestral por agua y cloacas pasará de los $600 actuales a poco más de $1.500. Paralelamente, el Gobierno envió a la Legislatura un pedido extra del 20% dentro del Presupuesto 2020.
Según el funcionario, la intención es que, de ser autorizado, permita recaudar lo necesario para un Fondo Fiduciario de Obras y así impulsar las mejoras de infraestructura necesarias para el servicio, teniendo en cuenta que Aysam todavía no alcanza el punto de equilibrio financiero expuesto desde la reestatización de la ex OSM en 2010.
A propósito, Mema se expresó al respecto luego de conocerse la sentencia de la Suprema Corte Provincial dándole la razón al Estado provincial en un reclamo de los ex concesionarios privados (el grupo francés Saur International, entre otros socios) por la intervención de la empresa y ruptura del contrato. Reclamo que trascendió los límites de la Justicia argentina para llegar al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
"La quita de concesión no fue gratis. Al Estado nacional le costó pagar 80 millones de dólares ante el Ciadi. Por otra parte, el desequilibrio en buena parte se debe a que el plan de financiamiento de obras de Aysam inicialmente contemplaba invertir 160 millones, pero durante los primeros cinco años no se cumplió", señaló el responsable de la Secretaría de Servicios Públicos.