A días de terminar su gestión, el gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar la norma nº 8284, la cual creó la Comisión Provincial de prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
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Antes de irse, Cornejo deja un proyecto para cambiar la ley del "defensor del preso"
En 2011, la norma que incluyó el cargo conocido como "defensor del preso" (Procurador de las Personas Privadas de la Libertad) fue promulgada. Fabricio Imparado fue el primero en ocupar el puesto hasta este año, que fue reemplazado por Luis Romero.
La designación de Romero tuvo varias críticas, ya que la oposición y los organismos de Derechos Humanos cuestionaron que no se respetaba la legislación (el elegido terminó tercero en el concurso de antecedentes, ya era funcionario -ocupaba la Dirección de Promoción del Liberado- y militaba en el radicalismo). En ese momento, desde el oficialismo aseguraron que Imparado había pasado por una situación similar.
Luis Romero, actual Procurador. Foto: Prensa Senado.
Ahora, el mandatario saliente apunta, con la propuesta presentada en el periodo extraordinario de sesiones, a cambiar varios puntos de la forma de elección del Procurador/a.
En primer lugar, elimina la necesidad de que una Comisión Asesora realice un concurso público de antecedentes y oposición que escoja una terna vinculante para que sea transmitida al Ejecutivo. Así, la decisión pasará únicamente por el gobernador de turno, que mandará el pliego con la candidatura al Senado.
Además, ubica a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura en la órbita de la Unidad Legislativa de la Cámara Alta y limita el mandato del Procurador/a de cinco a dos años.
Por otra parte, reforma la composición del Comité: estará integrado por un representante del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, otro de la Dirección de Derechos Humanos, uno de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza y un cuarto que provenga de ONGs.
Actualmente, la ley determina que "el Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes estará integrado por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de doce (12) miembros, designados por las organizaciones no gubernamentales".
De esta forma, se le quita poder de decisión a las ONGs a favor de, como se indica en los fundamentos del proyecto, "alcanzar en forma más equilibrada los objetivos y funciones previstos".