La seguridad no es sólo una cuestión policial. Tampoco es un tema de abordaje exclusivamente político. Tiene su arista trascendental en el Poder Judicial, espacio del Estado que resulta clave para que todo el peso de la pena motive, por un lado, la reflexión y arrepentimiento del delincuente, al tiempo que, por otro lado, conlleve a su predisposición a su eventual reinserción social.
Ese Poder Judicial, entonces, debe tener un criterio lo suficientemente pulcro como para que la sanción penal que haga recaer sobre el criminal no signifique ni un leve espacio de restricción de su libertad ni un castigo sin esperanza.
El Código Penal es el que le permite con sus mínimas y máximas penas, la libertad de razonamiento a los magistrados para que decidan en consecuencia, según las circunstancias del delito cometido o las características del apresado.
Pero no son los únicos elementos que deben ponderar los jueces. Están también aspectos de la realidad social que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir sobre el destino de los reos.
Cuando los sistemas penitenciarios no son una garantía de reflexión para la reinserción, sino centros de especialización para volver a delinquir, es obvio pensar que encerrarlos no basta para el fin perseguido de volver sociables a los delincuentes.
Cuando las vivencias sociales indican que el retorno de los criminales a la vida urbana tiene obstáculos difíciles de superar, tales como escasez de fuentes laborales o centros de capacitación para hallar caminos que les den una oportunidad de vida cívica, es fácil que vuelvan a caer en lo único que han sabido hacer para sobrevivir: delinquir.
Cuando esta realidad nos inunda con hechos cotidianos que tiñen de inseguridad nuestra vida y vemos que sus protagonistas son los reiterados criminales que retoman sus pasos delictivos, las miradas de reprimenda social hacia las instituciones suelen depositarse primariamente en la policía y los políticos.
Quizá, como ayer, alguna ocasión permite ampliar la perspectiva y apuntar la queja contra magistrados que en lugar de considerar esta realidad ya descripta, liberan livianamente a reos que, por lo señalado, ya saben que, más temprano que tarde, buscarán la ocasión de delinquir.
Si a Matías Quiroga lo mató un liberado, uno de sus criminales que no alcanzando a cumplir su condena obtienen desde la permisividad de un juez de ejecución penal, la oportunidad de no de ir a buscar un trabajo sino de organizar un asalto, la bronca social está claro que dejará de depositarse en el acostumbrado reclamo contra policías y políticos y se dirigirá hacia esos magistrados que no alcanzan a interpretar la realidad que vivimos.
No es la culpa de los policías, cansados de atrapar delincuentes que ven salir por la puertita que los garantistas les abren en forma si no inmediata, al menos apurada.
No es la culpa de un ministro de Seguridad o una Gobernación, sino de un magistrado puntual y, en definitiva, de un Poder Judicial que en general sigue mostrando que las penas en muchos casos son aplicadas sin el rigor necesario.
De haber sido responsable la policía, se exoneran hombres de la fuerza relacionados al hecho, se pide la cabeza del ministro y se le quitan votos al gobernador en las legislativas.
Pero cuando las irresponsabilidades, como en el caso de Matías, parecen devenir de decisiones judiciales, es más difícil la solución. Porque un jury a un magistrado es un trámite engorroso, donde entre el espíritu de cuerpo de sus pares que lo juzgan y la simpatía política de los legisladores de su mismo partido que lo enjuician, se dan las garantías necesarias para sostenerlo en el cargo.
Los delincuentes apresados salen demasiado rápido. Y las salidas no las dan un ministro, un policía o un político. Las permiten y firman los jueces.
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