Si a usted la Corte nacional le da la razón en un conflicto judicializado en el cual debió esperar años para conseguir una respuesta, ¿Qué motivos tendría ante la derecha de la justicia para resignar parte de lo que ganó en ese juicio a favor de su contrincante sin, aparentemente, recibir nada a cambio?.
La respuesta es la siguiente: la moneda de cambio que tiene Mendoza son las judicializaciones y apelaciones que la provincia podría realizar, los cuales estirarían varios años más la aplicación del 699 en la región.
Así fue explicado por el ministro de Agroindustria, José Luis Álvarez, quien destacó ante cada convenio firmado la provincia puede apelar y eso no le conviene a nadie, porque tendrían que esperar muchísimo tiempo a que la Justicia se expida y por mientras la Promoción quedaría suspendida.
Ante esta situación, el funcionario aseguró que "para las provincias vecinas es mucho más beneficioso incluir a Mendoza y que la Promoción Industrial se ponga en marcha a corto plazo que excluir a nuestra provincia y tener que esperar la resolución de una batalla legal".
El fallo de la Corte dice que la Cámara de Comercio de San Rafael no es la parte indicada para protestar ante la el decreto 699, en ningún momento habla sobre la situación de fondo y si no se llega a un acuerdo tranquilamente podríamos volver a instancias legales en nombre de la provincia o de algunas empresas en particular, explicó el ministro.
De esta manera queda salvada la incógnita sobre con qué herramientas negocia el gobernador Francisco Pérez ante sus pares de San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis.
Sin embargo, Álvarez destacó que las conversaciones están muy bien encaminadas y el acuerdo entre las provincias estaría prácticamente sellado por lo que Mendoza sería incluida y tendría un porcentaje del cupo de beneficios fiscales.
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Aseguran que no es necesario que el resto de las provincias resignen beneficios para dárselos a la nuestra. Adolfo Bermejo defendió el decreto 699 y atacó a los radicales.