Esta semana se conoció la noticia de que un grupo de jueces y funcionarios públicos habían presentado un recurso de amparo en el que se oponían a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) para financiar los gastos que implica la adhesión a la ley nacional Nº 24.901.
Tras la larga lucha que significó la adhesión a la norma nacional y después de dos meses de tranquilidad, hoy los padres autoconvocados volvieron a ponerse en acción y escracharon a los magistrados que se oponen a aportar el 5% de su sueldo a la Obra Social.
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El lugar elegido para denunciar públicamente a los magistrados fue la Legislatura, donde un grupo de personas se concentró para manifestar el repudio a la actitud miserable de los jueces. Así la Casa de las Leyes fue empapelada con los nombres y cargos de cada uno de los funcionarios del Poder Judicial, y el cartel más grande se lo llevó el juez Rafael Escot, quien inició la polémica al presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley el pasado 12 de enero.
A pesar del enojo y del malestar, una de las madres, Alejandra Berlanga, remarcó que son solo 9 de los 388 que hay en total. Nos alegramos de que sean pocos los que tienen esta actitud mezquina e irresponsable.
En consonancia con el reclamo unánime de la sociedad, Fernando Alim, integrante de una institución para niños con discapacidad (CADIM), resumió la situación que se está viviendo: Instalan una de las peores justicias, una justicia con discapacidad.
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