El dato fue confirmado Alberto Recabarren, candidato del gobierno para presidir la obra social, quien opinó en relación a esta situación al asegurar que tendremos que apelar a la ética de los magistrados para que aporten como cualquier otro empleado público.
Cuando fue aprobada la ley de discapacidad, también un artículo especificó la obligatoriedad de los jueces a aportar, algo que, según las estimaciones, significaría un aumento en el presupuesto de Osep cercano a los 7 millones de pesos anuales.
Sucede que la Suprema Corte es el ente encargado de definir si el amparo prospera o no, con el detalle de que está compuesta por magistrados por lo que ellos mismos decidirán si aceptan la medida sobre los aportes o no.
Si bien no trascendió quienes son los jueces que buscan no aportar al Osep por no estar abierto el expediente, Recabarren destacó que se trataría de 6 magistrados y 3 empleados de alto rango en el Poder Judicial. Sin embargo, no sabe si el recurso presentado rige para los firmantes o para todos los magistrados en general.