Un dictamen de la AFIP determinó que las obras de infraestructura en barrios cerrados (countries) en los que se construirán viviendas deben pagar el IVA al 21%, a pesar de que las mismas construcciones cuando forman parte de edificios urbanos gozan de una tasa reducida.
La ley de IVA dispone en el caso de ventas de viviendas que la tasa del IVA sea del 10,5% justamente para equilibrar la situación de los créditos acumulados en la construcción, cuyas compras de materiales e insumos se cargan con la tasa del 21% de IVA, y el impuesto generado con motivo de su venta. La intención es que no se produzca una traslación al adquirente del inmueble y así no encarecer su costo de adquisición por la existencia de este gravamen, explicó Santiago Sáenz Valiente, del estudio Sáenz Valiente & Asociados.
El beneficio no es sólo para casa habitación sino también para cualquier vivienda, el problema es cómo definir de cuando las obras o trabajos se destinan a vivienda, lo que debe hacerse en función de las características de la construcción, manifestó Sáenz Valiente.
La norma reglamentaria de la ley de IVA incorpora también a las bauleras y cocheras, siempre que sean vendidas formando parte integrante del inmueble-vivienda. Para oficinas o locales, se aplica la tasa de 21% en la venta.
Respecto de la tasa aplicada a la infraestructura en los barrios de vivienda, como redes cloacales, eléctricas, de provisión de agua corriente, pavimentación y calles, si bien el reglamento no permite la aplicación de la tasa diferencial de 10,5%, existía un fuerte cuestionamiento por parte de los contribuyentes, indicó Sáenz Valiente.
En la mayoría de los barrios cerrados, el valor porcentual atribuido a las obras de infraestructura indispensables a la hora que el adquirente del terreno pueda construcción su vivienda se realizaba al 10,5%.
Sin embargo, en el caso de venta de terrenos donde directamente se ofrece en venta el lote respectivo, la tierra propiamente dicha está excluida del pago de IVA, pero la infraestructura transferida debe gravarse, la cuestión es a qué tasa, dijo Sáenz Valiente.
Muchos fideicomisos o empresas constructoras que luego enajenan estos terrenos vienen aplicando la tasa reducida del 10,5% a las obras de infraestructura, fundados en que dichos trabajos se realizan sobre lotes que los propietarios edificarán su futura vivienda y que constituyen un único desarrollo inmobiliario sin ninguna obra complementaria como centro comercial, canchas de fútbol , escuela o guardería. Además los recursos afectados por esos consumidores finales para la realización de los trabajos de infraestructura son administrados por el desarrollador entregando una factura B al consumidor final.
Sin embargo, la AFIP dijo en el dictamen 28/10, publicado el 19 de julio pasado, que a las obras de infraestructura complementarias de barrios destinados a vivienda, considerados como tales no solo a las construcciones destinadas a un uso social, sino también a las redes cloacales, eléctricas, de provisión de agua corriente y la pavimentación de calles, aunque estén directamente afectadas a las viviendas, se les debe aplicar la tasa de 21%.
Sáenz Valiente rechazó el razonamiento del fisco, pues aseguró: quien adquiere un terreno para construir su vivienda le resulta indispensable, al igual que en un edifico de departamentos, disponer de servicios de agua potable, cloacas y red eléctrica para poder utilizarlos dignamente en su vivienda.
En cambio, el especialista consideró que dicha infraestructura que corresponda a otras construcciones del barrio destinados a fines sociales puedan quedar alcanzados con la alícuota general.
Con esta opinión del fisco sumado al decreto 1230/96 que modifico el reglamento de IVA, la AFIP está generando en forma definitiva un incremento en los costos de los terrenos o casas construidas en los barrios cerrados, concluyó Sáenz Valiente.
Fuente: El Cronista Comercial