La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable la Ley 24.390 -conocida como 2×1- al caso de un detenido por delitos de lesa humanidad. Esta decisión del máximo tribunal nacional generó un gran rechazo de parte de varios sectores de la ciudadanía.
La ley del 2x1, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy se encuentra derogada y consistía en una reducción del cómputo de la prisión calculando por dos los años en que el preso estuvo en prisión preventiva sin condena. La Corte aplicó esta norma para el caso de Luis Muiña, detenido por delitos de lesa humanidad, por tratarse de la ley más benigna.
Alejandro Pérez Hualde, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, analizó el polémico fallo, en comunicación con el programa "Sin Verso", que se emite por Radio Andina FM 90.1. "Es una ley que es lamentable, es una vergüenza. Es una ley para darle un premio al condenado. En vez de darle una indemnización doble al que tuvimos en preventiva y luego fue absuelto, le damos un premio al que finalmente estaba bien detenido", afirmó.
No obstante, el juez mendocino resaltó que "esa ley se hizo sin diferencias para distintos tipos de delitos", por lo que sostuvo que entiende que "el razonamiento que hizo la Corte es correcto, los jueces no podemos hacer distinciones donde la ley no hace distinciones".
Pérez Hualde sostuvo que viene siguiendo la doctrina del máximo tribunal nacional sobre los casos de lesa humanidad a partir de su nueva composición. "Hay todo un razonamiento que vienen siguiendo los nuevos componentes de la corte en los que uno se da cuenta que no quieren hacer aplicaciones discriminatorias en el derecho penal", señaló.
Destacó los fundamentos del ministro Horacio Rosatti en los que sostiene que no se puede hacer lo mismo que hicieron los militares durante la dictadura utilizando una ley para el enemigo.
Con respecto a la posibilidad de que otros detenidos por delitos de lesa humanidad tengan el mismo beneficio, el integrante de la corte provincial aclaró que hay que ver cuántos de los condenados estuvieron detenidos entre 1994 y 2001 con prisión preventiva, ya que esos serían los que podrían acceder a este premio.
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