Tupac mendocina: la historia de un clan, y de un municipio bajo sospecha

La investigación en la municipalidad tuvo que ver con conocer el circuito de las millonarias partidas que llegaron a la Tupac y que algunos ubican en los 800 millones de pesos en un lapso de cinco años.

Quienes están muy cerca de la investigación que está llevando adelante la fiscal Gabriela Chaves sobre las operatorias de viviendas para nada claras que ejecutó en suelo mendocino la Tupac Amaru del clan liderado por Nélida Rojas, auguran para las próximas horas resultados explosivos. No sólo la fiscal está encontrando similitudes contundentes al modus operandi del camino que recorrió y enseñó a recorrer en todo el país la líder madre nacional, Milagro Sala, desde Jujuy, acompañada, estimulada y financiada por el gobierno de Cristina Fernández: el entramado de maniobras ilícitas la están llevando hacia los despachos del municipio lavallino que conduce Roberto Righi, actual vicepresidente del peronismo provincial. Y como si todo eso no bastara para hacer trascender la causa a niveles de extrema tensión política y judicial en la provincia, si la fiscal logra desmadejar el ovillo y sigue avanzando en la pesquisa al ritmo frenético que le imprimió en las últimas dos semanas -tras 2 años de acumulación de pruebas por las más de 100 denuncias que recibió-, Chaves puede que llegue al corazón de las operatorias de viviendas sociales mendocina, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los archivos de este organismo y lo que puedan guardar como antecedentes de los fondos que recibía la Tupac que le eran girados desde la nación, quedarían al final de la pesquisa por una lógica atendible: "Allí están gobernando los radicales -dicen-, con lo que por ahora no hay peligro de que se borren las huellas de los fondos".

Este martes, la causa volvió a dar un golpe cuando la fiscal Chaves ordenó la detención de Ángel Osvaldo Rojas, hermano de Nélida y miembro del clan. Y realizó lo que se denomina un proceso de Registración en la Municipalidad de Lavalle a donde se dirigió en búsqueda de información de las operatorias de viviendas que realizaba la Tupac. A la fiscal, a quien el sábado le demoraron la realización de 24 allanamientos en domicilios particulares considerados clave y a quien el viernes le filtraron todos los movimientos que realizaría después del fin de semana para ponérselos en conocimiento y advertir de los mismos a los miembros del clan Rojas, no le hizo falta orden de allanamiento para ingresar al municipio y reclamar los documentos que fue a buscar. Por ser una funcionaria pública e ir en nombre del Ministerio Público, contaba y cuenta con la potestad para exigir el cumplimiento de la orden. Casi un aliciente y alivio también frente a tantos ojos sospechosos, que la auscultan, a su alrededor.

El municipio está en la mira porque, entre otras cosas, los denunciantes a los que Chaves les tomó declaración, afirmaron que debieron llegar a la Tupac como único medio para conseguir una casa luego de que se acercaron a la intendencia y desde allí les dijeron que las operatorias sociales "solo y exclusivamente" se tramitaban en la Tupac del Clan Rojas. Eso implicaba caer en la red tendida por el mismo clan con todos los requisitos a cumplir indefectiblemente que se entregaban por escrito a los potenciales beneficiarios.

Esos requisitos para beneficiarios marcados por la pobreza extrema eran, entre otros, los siguientes: inscribirse en la cooperativa del clan; pagar religiosamente la cuota de 80 pesos; no caer en mora porque ello implicaba quedar fuera de carrera; asistir a todas y cada una de las marchas que la Tupac organizaba dentro y fuera de la provincia, ya fuera para reclamar y cortar una calle o bien para apoyar y vivar a Cristina y Milagro Sala donde quiera que ambas referentes estuviesen; para aquellas marchas y concentraciones que se realizaban en cualquier lugar del país fuera de Mendoza, el costo del pasaje debía ser costeado por el beneficiario si es que éste esperaba que el clan Rojas le cumpliera la promesa de la vivienda propia; debían portar la pechera correspondiente; saberse de memoria los cánticos de la Tupac (estos eran a favor de Cristina cuando gobernaba y en contra del gobierno cuando la gestión política cambió de manos desde diciembre del 2015); y llegar al lugar de la concentración con un bolsón de comida pagado de su propio bolsillo. Bolsón que luego el clan, en nombre de la Tupac y por la Tupac, se repartía en barriadas pobres.

La investigación y la búsqueda de datos en la municipalidad tuvo que ver con todos estos antecedentes denunciados y que obran en el expediente, además de la causa madre: conocer el circuito de las millonarias partidas que llegaron a la Tupac y que algunos se arriesgan a precisar en el orden de los 800 millones de pesos en un lapso de cinco años.

Si la fiscal logra corroborar las denuncias que afirman que quien se acercó a la municipalidad comandada por Righi buscando inscribirse en las operatorias de viviendas sociales financiadas por el IPV y que se administran junto con el municipio, se lo derivó sin escalas y sin alternativas hacia el Clan Rojas, la Justicia podría hablar entonces de complicidades llamativas.

El resto de la investigación se está focalizando en el supuesto enriquecimiento patrimonial de los todos los miembros del Clan Rojas, por medio del manejo directo de los fondos que recibían y por otros móviles que utilizaban ya en la relación con los beneficiarios que antes de lograr la casa o después, en el caso de que les cayese en suerte obtener la vivienda, siempre, a lo largo de todo el proceso, no podían desligarse de las condiciones que debían cumplir, esto es pagar sin chistar el monto mensual ordenado, ir a las marchas, financiarse por sus propios medios los traslados, llevar los bolsones de comida, saberse los cánticos de guerra y demás, todo para alcanzar el objetivo de ser tocados por la vara mágica de la líder del clan o para no perder la vivienda en caso de haber sido ya bendecidos.

Por eso las imputaciones por asociación ilícita, estafas y extorsión, todo agravado por la coacción cuando alguno de los capitostes amenazaba con "matar" a los integrantes de la vivienda en el caso de que estos no cumplieran con el protocolo de la militancia Nac & Pop.

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