El oficialismo ya anticipa los debates que habrá el año que viene en la Legislatura y este viernes por la mañana se presentó el proyecto de la Ley Procesal para la Justicia de Familia y Violencia Familiar. La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci fue una de las autoras, y expresó que en el ámbito jurídico se tiene "una especial resistencia al cambio".
La iniciativa busca adecuar la legislación provincial al Código Civil y Comercial (CCyC), y establecer los procedimientos de actuación para las disputas judiciales en la órbita familiar. Junto a esto, crea nuevas figuras para agilizar la Justicia y suma especificidades. En total, contiene 316 artículos.
"Mendoza tiene seriedad institucional. Este proyecto no es nuevo, sino que comenzó en el gobierno anterior y ahora se ha continuado", reconoció Kemelmajer. La exposición estuvo encabezada por la vicegobernadora Laura Montero y participaron los ministros de la SCJ Jorge Nanclares y Julio Gómez, el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, la directora de Género y Diversidad Silvina Anfuso, el procurador Alejandro Gullé y varios legisladores y legisladoras.
Funcionarios y funcionarias de los tres poderes estuvieron en el acto. Foto: Cristian Lozano.
La ex ministra de la Corte y co-redactora del actual CCyC destacó que con esta norma se quiere garantizar la "tutela judicial efectiva", y sostuvo que no siempre se necesita mayor presupuesto para realizar esto, sino que tiene que haber un mejor manejo del mismo.
La jurista explicó que otro de los objetivos es "agilizar la Justicia, y para eso hay muchos métodos alternativos de resolución de conflictos". Así, aparece el "consejero de familia", de los que habrá dos por Juzgado y se encargarán de abordar los problemas antes de que se llegue a un juicio, además de brindar asesoramiento.
Kemelmajer junto a la vicegobernadora Laura Montero. Foto: Cristian Lozano.
Gullé consideró, por su parte, que "hay que encauzar los conflictos en la órbita que deben estar", además de apuntar a lograr "una justicia de familia fuerte, con facultades para tomar las medidas indispensables y evitar la criminalización cuando no corresponda".
"Estamos viviendo un momento bisagra, con muchas denuncias y más visibilización. Hace unos años queríamos sacar el problema del ámbito doméstico, y se fue dirigiendo la demanda a lo penal. Pero lo penal no puede tomar un problema de fondo, que es cultural", dijo Silvina Anfuso.
Otro de los puntos importantes de esta propuesta es la concepción del "Juzgado de Violencia Familiar", al que los y las fiscales deberán acudir cuando tengan que tomar medidas en relación a situaciones de violencia doméstica. "Se les exige que estén formados con visión de género", relató Kemelmajer.
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