Alfredo Cornejo se subió a una causa por la que aspira a ser recordado como el gobernador que produjo una reparación histórica con los departamentos del Sur y del Valle de Uco, al anunciar que por medio de un proyecto de ley se extenderá hacia esos territorios los alcances del nuevo Código Procesal Penal que tiene vigencia, desde hace 16 años, en el resto de la provincia marginando de sus alcances a la mitad de ella y población.
A casi un año al frente de la administración de la provincia, el gobernador parece haber encontrado el norte de la gestión que se le presenta, hay que decirlo también, flaca y mezquina en cuanto al crecimiento y a una necesaria movilidad progresiva de la economía. Frente a eso, que lo supo desde el inicio mismo de su período de gobierno; un gobierno que depende ciento por ciento de los gestos y señales que pueda recibir de la administración nacional, la seguridad y el funcionamiento integral de la Justicia son claramente, hoy, lo que motivan su concentración casi absoluta.
Con el anuncio del envío del proyecto para extender el nuevo Código Procesal Penal al resto de la provincia en donde no se aplica, Cornejo pareció festejar el resonante triunfo que logró en el Senado, quien le dio un amplio aval para la designación del cuestionado José Valerio como nuevo integrante de la Corte.
"La gente me pide Justicia y penas firmes", dijo el gobernador como único comentario sobre la aprobación del pliego de Valerio, y agregó que no pide cosas de las que sabe recibirá una respuesta negativa.
Apoyado en las encuestas que le reflejan día tras día un mayoritario apoyo a medidas que, de cajón, van en sintonía con el reclamo por mayor seguridad y con jueces y fiscales que sean implacables en sus movimientos y decisiones que hagan tomar conciencia al mundo del hampa de que la lucha contra ese universo va en serio, Cornejo avanza.
Si no hay plata para grandes obras, pues tiene que haber entonces para igualar en beneficios que proporciona el mismo Estado a una porción de la población a la que se le reconoció por años padecer una administración de Justicia de segunda, frente al Norte y Este provincial que recibió, al menos en los papeles y procedimientos, una Justicia de primera. Mientras en el Norte y en el Este los jueces se concentran en definir condenas o absoluciones en función de lo que investigan los fiscales con jueces de garantía que controlan el proceso y posibles excesos; en el Sur y en el Valle de Uco, el viejo sistema inquisitorio propone que un juez instruya el caso, intentando dilucidarlo con herramientas y métodos perimidos, dependiendo de la policía para toda la investigación. Esta situación de inequidad entre unos y otros frente a un flagelo que padecen todos en la provincia, se ha dado a lo largo de más de tres lustros. En los últimos años, la Justicia se escudó en la falta de recursos y el Poder Ejecutivo en prioridades diversas. Se tuvo que llegar a una situación en donde un gobierno se encontrara sin plata en la caja para invertir en placas de bronce y en cintas para cortar, para que, por esa vía de excepción se tomara la decisión política de extender el Código Procesal Penal a los territorios en los que no rige.
Sin demasiada opción para trascender dejando su huella en la gestión, Cornejo decide avanzar por ese costado. Quedará para más adelante analizar el resultado concreto de las medidas, pero sería propio de necios no reconocer como válidos el paso dado.
Está claro, también, que para quien gobierna el asunto del poder no sólo lo desvela, sino que se transforma en lo más parecido a una obsesión. Extender el sistema acusatorio al Sur y Valle de Uco significa destinar fondos para nueva infraestructura, como en el caso de Malargüe donde no hay nada de nada o como en Alvear donde tampoco se cuenta siquiera con un juez de Instrucción. Estas poblaciones dependen de San Rafael. Esto significa, además, que al menos una decena de nuevos magistrados deberán ser propuestos por Cornejo para ocupar los nuevos cargos, con todo lo que supone para un jefe de Estado haber designado jueces y fiscales a lo largo de su gestión. Cornejo quiere que estos territorios tengan el nuevo sistema de Justicia para el 2017. Pero en abril del año que viene estar proponiendo los nuevos magistrados. Esta movida obliga al Ministerio Público Fiscal a comandar lo operativo, a la Suprema Corte a instrumentar y ordenar el nuevo andamiaje y al Poder Ejecutivo a fondearlo, con lo que todas las miradas seguirán inclinándose hacia el palacio de calle Peltier, la situación ideal para el perfil del actual gobernador.