Cada fin de semana, el Paso Internacional Cristo Redentor, se transforma en un severo dolor de cabeza para el gobierno de Alfredo Cornejo. Cuando se acerca un fin de semana largo -como el que tendremos en un par de días-, las autoridades mendocinas entran prácticamente en crisis y a medida en que el tiempo pasa y el verano se nos viene encima, a esos mismos funcionarios les comienza a correr un golpe de electricidad por la espalda a sabiendas que el mínimo colapso en la aduana, con cientos de personas varadas esperando por pasar, coloca a muchos en situación de ser eyectados del cargo que ostentan, a tiro de decreto, como consecuencia del fracaso institucional de no lograr un tránsito fluido de los vehículos hacia el otro lado de la cordillera.
La situación se ha tornado en una cuestión de Estado para Cornejo y sorprende el alto impacto que la falta de soluciones para mejorar la transitabilidad en todo el corredor y mucho más en la frontera provoca en el gobierno. Al punto que el gobernador en persona ha tomado el control de las negociaciones que se hacen a un lado y otro de la cordillera buscando avances en la resolución del problema. El punto es que con su intervención en las reuniones no alcanza. En las habituales reuniones del comité de integración sólo se habla de promesas y de diagnósticos harto conocidos y con el paso del tiempo el mismo gobernador va confirmando que la burocracia y, en el fondo, una marcada ausencia de una decisión política firme y cerrada de ambas naciones para resolver los problemas torna a estos encuentros muchas veces en inútiles. Es tanta la falta de acción concreta, de ejecución de medidas que se discuten y se discuten con el discurrir de los años que a estas reuniones del comité muchos las comparan con las inútiles reuniones del Mercosur que alguna vez el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, las calificara como reuniones "al pedo", como sucedió en Mendoza en la recordada cumbre de presidentes del 2012.
El gobernador dedicó el martes al asunto. Viajó a la hermosa Viña del Mar, en la Quinta Región chilena, para internarse en una más de esas reuniones del Comité de Frontera que por estas horas cumple 29 años de encuentros ininterrumpidos. Y se quejó, amargamente, de la falta de acción concreta de ambos países. "Sé que están trabajando en las distintas comisiones sobre ello. Necesitamos compromisos efectivos que luego se cumplan, los servicios provinciales que aporta Mendoza son mínimos en el paso, casi nulos; todo depende de oficinas nacionales. Estamos muy comprometidos desde Mendoza con este Paso, queremos que haya un mayor intercambio, a veces este favorece económicamente a un país y otras veces a otro", dijo Cornejo al término del encuentro.
Pero el gobierno mendocino tiene un doble problema: el de la pasividad de las autoridades chilenas y la indiferencia del gobierno argentino ante el problema que, en Buenos Aires, se ve sólo circunscripto a un fenómeno puramente local que empieza y termina en Mendoza. En verdad, la presidencia toma nota de los reclamos mendocinos sobre el paso cada vez que se plantea y queda como uno más de los asuntos a resolver en una suerte de pinche donde se acumulan las demandas provinciales.
En Mendoza dice que las soluciones son integrales y que deben aparecer todas juntas en un proceso que se sabe demandará mucho tiempo para alcanzar el ideal. Hay épocas en las que se analiza la situación de los temporales de nieve y aludes y se discute la construcción de cobertizos, otras la ampliación del corredor, a veces se habla de la incorporación de tecnología y en otras en multiplicar el número de casillas de atención, tanto en Horcones como en Libertadores, para los agentes de aduana y de migraciones. Ninguna de esas medidas logra concluirse y así se está desde hace varios años.
Las quejas de Cornejo se multiplican y varias veces ha dicho que si la jurisdicción fuera provincial el gobierno se podría avocar con más atención. Pero no cuenta ni con la jurisdicción, ni tampoco con los recursos para ocuparse.
Días atrás envió a uno de sus hombres de mayor confianza, al subsecretario Néstor Majul a quien ha puesto a coordinar las tareas en el paso tanto con el gobierno argentino como con el chileno, a discutir mano a mano el problema con el Ejecutivo nacional. Majul logró tener una reunión de unos cuantos minutos con el ministro Rogelio Frigerio al que le planteó las largas horas de espera a la que se someten los mendocinos que cruzan todos los fines de semana a Chile. Majul tuvo la prudencia de no quejarse por las revisiones a las que la Aduana y AFIP someten a cada uno de los vehículos que regresan (en promedio se utilizan unos 20 minutos por cada auto), pero ante esa orden expresa de no dejar pasar nada sin una revisión exhaustiva, pidió más personal. Frigerio le prometió que enviaría más gente. "Por favor, llamá delante mío para dar esa orden y me voy tranquilo", le respondió Majul al ministro. "Andá tranquilo, andá", intentó tranquilizar el funcionario de Macri al mendocino, quien se volvió a Mendoza con gusto a fósforo. Más tarde se enteraría que son pocos los agentes aduaneros y de la AFIP en condiciones de ser enviados al paso mendocino. Las razones son varias: una que hay pocos capacitados y están distribuidos en la larga frontera argentina. Otra es que los experimentados no quieren venir a Mendoza, no les interesa dejar los lugares en donde están instalados desde hace tiempo. En concreto, parece una broma, pero el gobierno de Macri no quiere ganarse conflictos con alguno de los gremios con los que ya tiene bastante. Lo propio ha pasado con los gendarmes. Cornejo le pidió a Majul que reclamase que enviaran una veintena de esos funcionarios a Mendoza. Le dijeron que la prioridad no está en esta provincia. Claro, la urgencia es por la seguridad y el objetivo es Rosario y La Plata.
Sin mucho margen de acción, las otras soluciones analizadas, como la puesta en funcionamiento del túnel Caracoles, el viejo ducto por donde pasaba el ferrocarril, aparece como muy a largo plazo. Se calcula que su ampliación para construir dos vías para el paso de vehículos en su interior podría demandar entre siete y diez años y, además, no hay recursos por ahora para emprenderlo.
Hasta que en la nación el tema del paso no ingrese en agenda, al gobierno mendocino sólo le queda rezar y aguardar por el buen tiempo y la paciencia de los viajeros. No mucho más.
