El problema no reside tanto en lo que se filtra como sí en los procedimientos. La realidad, cruda, terminó por derribar el intento del gobierno de culpar a los medios por los fracasos constantes del sistema de seguridad junto con el Judicial, de dar con los criminales que andan sueltos y que se les escabullen, supuestamente, cuando están a punto de ser atrapados.
El asesinato de Ayelén Arroyo, la chica de 19 años que murió acuchillada por su padre, quien la abusaba de manera periódica, expuso en la superficie, a la luz de todos, la deficiencia de un sistema y la impericia o irresponsabilidad de un fiscal que debió ordenar proteger a la joven de quien sería su asesino, pero que sin embargo había dispuesto una pericia psicológica sobre Ayelén para ver si cuando denunció los abusos de su padre había dicho la verdad y sólo una prohibición de acercamiento hacia ella por parte del acusado, el asesino.
"Nos explotó una bomba en las manos", dijo Alejandro Gullé, el jefe de los fiscales tras los conmovedores asesinatos de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén. Así reaccionó cuando se enteró que desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, anunciaban que pedirán un Jury contra el fiscal Fabricio Sidoti por mal desempeño y por entender que si hubiera actuado como correspondía, Ayelén -de 19 años, madre de una bebé de un año-, probablemente no hubiese sido asesinada por su padre, Roque Arroyo.
Ayelén había denunciado a su padre el 14 de setiembre. Días más tarde el fiscal Sidoti había dispuesto una orden de no acercamiento sobre el hogar en el que vivían sus hijos. La joven le había dicho al fiscal, de acuerdo con lo escrito en el expediente, que su padre la abusaba y que había intentado metérsele en la cama varias veces. Uno de sus hermanos la había acompañado en su valiente denuncia certificando los dichos. El fiscal debió ordenar la detención de Arroyo. No lo hizo. Cuando Arroyo se enteró, algunos días después de que estaba denunciado y acusado por su hija y que tenía prohibido acercarse a ella, pues resolvió hacer todo lo contrario. En la madrugada del 28 volvió a la humilde morada, ingresó a la casa, probablemente abusó de su hija y luego la mató a puñaladas. Unas horas después fue apresado.
Las muertes de las chicas, los multiplicados casos de violencia de género, los relatos desgarradores de las mujeres víctimas que se animaron en las últimas horas a describir el calvario en el que han vivido al lado de un hombre violento, sacudieron al gobierno de Cornejo. Porque cada uno de esos testimonios y las circunstancias que rodearon a los asesinatos de Janet, Julieta y Ayelén, demostraron la responsabilidad directa de algunas instituciones del Estado que no han tenido la actuación que se espera de ellas.
La primera reacción del Ejecutivo, apenas trascendió la primera muerte, la de Janet, fue apuntar a la voracidad y al hambre de datos requeridos por los medios de comunicación para informar la marcha de las investigaciones. Según su teoría, al transmitir en tiempo real lo que sucedía con la pesquisa que se realizó para dar con los asesinos de Janet, permitió por algunas horas que no se encontrara a uno de los implicados en el asesinato a quien se lo apuntó como el sicario.
Con eso, Cornejo intentó justificar por qué le quiso introducir un cepo informativo o una mordaza al sistema de investigación judicial en Mendoza, en uno de los artículos incorporados en la reforma del Ministerio Público Fiscal que está en camino y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Pero sin la mordaza y sin el cepo.
El intento por prohibirles a los fiscales contacto alguno con los medios fue una absurda equivocación del gobierno. Cornejo se dio cuenta y ordenó su retiro del texto que se había enviado para que fuese discutido en la Legislatura. Probablemente el gobernador lo hizo sin convencimiento, sin ganas y a contramano de lo que piensa y siente. Pero finalmente se rectificó de lo que sería un grave paso en falso dado por una provincia que se precia de contar con una clase política fuertemente republicana y profundamente respetuosa de las libertades y del sistema democrático.
La administración Cornejo recién lleva sus primeros nueve meses en el poder. El gobernador deberá contener su inocultable intención de mantener un control sobre todo lo que lo rodea, en especial la comunicación de lo que ocurre con su gobierno y con el resto de los poderes. Cree, y está convencido, de que la obligación que recae sobre el Ejecutivo de dar a conocer los actos de gobierno se cumple con los informes y partes diarios de sus auxiliares de prensa de las áreas ministeriales. Está convencido de que la prensa debe ser funcional al poder que detenta y representa. Mientras más indomable sea su deseo, más insatisfacción cosechará. Los medios pueden ser torpes y distraídos, pero basta un mínimo cepo a lo que puede estar cocinándose entre cuatro paredes para despertar una inquieta y persistente curiosidad. Una máxima de hierro para cualquiera, no sólo para el periodista para quien, además, resulta una obligación desentrañar.