La jueza de instrucción del fuero Penal Karina Zucconi y el fiscal Marcelo Roma solicitaron a Interpol colaboración en la investigación por las amenazas que recibió la expresidenta Cristina de Kirchner por carta en su domicilio porteño.
La jueza de instrucción del fuero Penal Karina Zucconi y el fiscal Marcelo Roma solicitaron a Interpol colaboración en la investigación por las amenazas que recibió la expresidenta Cristina de Kirchner por carta en su domicilio porteño.
Los mensajes intimidatorios provienen de una supuesta empresa de seguridad de Irlanda, mientras que en paralelo los investigadores buscan a una mujer en Mendoza por enviar escritos que procedían de esa provincia.
Los funcionarios judiciales pidieron a Interpol que investigue a una empresa que tiene el mismo nombre que la que le envió a la exmandataria una nota en la que se le ofrecía sacarla de la Argentina en un avión blindado porque su vida corría "peligro".
El texto le ofrecía a la expresidenta un avión blindado "en cualquier aeropuerto de la Patagonia" para llevarla junto a su familia, a un destino europeo porque en la Argentina su vida y su seguridad "corren peligro".
Fuentes judiciales confirmaron que se trata de una pequeña empresa ubicada en las afueras de Dublin, Irlanda, denominada SMR, la misma razón social con la que le envió a Cristina la nota. Esa compañía figura a nombre de un hombre de apellido "Rebolledo", lo que hace suponer un origen latino en una firma que supuestamente se ocupa de tareas de seguridad, indicaron las fuentes.
Pero la expresidente recibió además otras cartas en su domicilio en el barrio porteño de La Recoleta con advertencias sobre su vida. En ese marco, la Justicia determinó que se trata de una misma persona que escribió las cartas y que provendrían de la localidad mendocina de Godoy Cruz. Los investigadores intentan identificar a una mujer que sería sospechosa.
Originadas en Mendoza y posiblemente escritas por la misma persona, las cartas agresivas acusan a Cristina por la muerte del fiscal Alberto Nisman y por supuestos actos de corrupción. Fuente: Ámbito Financiero