El Gobierno propone que Defensor General dure 4 años en su cargo
El proyecto enviado a la Legislatura marca esta diferencia con el Procurador, que tiene un cargo vitalicio. El Gobernador podrá mantenerlo más tiempo o removerlo.
El Gobierno provincial presentó esta semana en la Legislatura el proyecto de creación de la figura del Defensor General, en paralelo a la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal, que está en discusión en la Cámara de Diputados y plantea la escisión del Ministerio Público en dos: por un lado el Fiscal, controlado por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé; y el de la Defensa, que deberá elegir a su autoridad máxima.
Con relación a este proyecto en particular, se dota al Defensor General la máxima jerarquía dentro del Ministerio Público de la Defensa, aunque con una limitación con respecto a su cargo. El mismo durará sólo cuatro años, a diferencia del Procurador, que tiene su función de por vida hasta su renuncia, fallecimiento o destitución.
No obstante, el gobernador de turno podrá reconfirmarlo por otros cuatro años más, sin necesidad de pasar por el Senado, Cámara que votará su primera designación. Además, el método de elección será el mismo que el de cualquier magistrado: será propuesto por el Poder Ejecutivo y el Senado votará su designación, con mayoría simple.
Asimismo, los requisitos para ser Defensor General serán: tener el título universitario de abogado con 10 años de ejercicio en la profesión o 5 años en la Magistratura y ser mayor de 30 años.
En tanto, entre las principales funciones se encuentran garantizar el efectivo derecho de la defensa y protección de DDHH, facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados, nombrar a funcionarios y personal administrativo del Ministerio, determinar el orden de subrogancias y establecer el presupuesto, entre otros.
Con respecto a este último punto, hasta la actualidad el presupuesto del Ministerio Público lo maneja la Suprema Corte de Justicia. Para la próxima discusión presupuestaria, el procurador Gullé sostuvo que presentarán un pedido del 35% de las tasas judiciales y garantizó que los recursos de la Defensa están incluidos en ese porcentaje".
Desde el Poder Ejecutivo, quienes elaboraron la norma, fundamentaron que la separación de la Defensa "garantizará el acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad", por lo que es necesario dotarla de autonomía y recursos humanos y materiales para una efectiva asistencia.
Además, expresaron que la creación de la figura del Defensor General, "pone en consonancia a la provincia con el resto del país, donde se encuentran separados los Ministerios Públicos Fiscales de los de la Defensa".
Por último, sostuvieron que la diferenciación de estas dos funciones "dotará de transparencia a los procesos y sin dudas mejorará el servicio de justicia. Lo más importante es dar la posibilidad a la defensa pública de ser independiente y otorgar facultades para diagramar su propia política institucional".
Este proyecto actualmente se encuentra en comisiones y será debatido en primer lugar por la Cámara de Senadores.