En la semana, el gobierno de Alfredo Cornejo puede que se presente ante organismos judiciales y de control para hacer reserva de una demanda ante el posible perjuicio en contra de la provincia que pudo haber ocasionado el reciente descubrimiento de un tan voluminoso como incierto robo de crudo en los yacimientos del sur que controla y explota YPF y que podrían haber causado una menor liquidación de regalías petrolíferas para el Estado.
La alarma se encendió diez días atrás cuando la propia petrolera de bandera oficial, YPF, diera cuenta de que había descubierto una maniobra de robo de crudo en el yacimiento El Portón bajo su control. Los pozos de El Portón se encuentran en territorio neuquino, pero el crudo le pertenece a Mendoza y por lo que se produce y explota allí, la provincia percibe regalías.
A fines de agosto, la empresa informó que luego de realizar una serie de auditorías en apariencia ordinarias, descubrió una diferencia de alrededor de 10 mil metros cúbicos de petróleo entre lo que se había registrado en los sistemas de medición con la existencia real en los tanques o baterías del yacimiento.
La investigación determinó que por el lapso de aproximadamente dos años, empleados y operarios de la misma empresa, incluyendo al gerente de operaciones de la zona sur de YPF, habían logrado desviar esa cantidad de petróleo crudo hacia camiones que, con guías truchas, sacaron el combustible sin refinar del circuito formal de YPF para comercializarlo de forma particular e ilegal en Bahía Blanca, se supone.
Hasta días atrás se pensó de que se trató de un robo hormiga que se extendió por al menos un par de años. La cantidad de crudo faltante -unos 10 mil metros cúbicos-, equivale más o menos a unos cinco meses de producción del yacimiento que, como dato relevante y sorprendente, fue disminuyendo sensiblemente durante los últimos cinco años. Por la maniobra descubierta, YPF suspendió a cinco empleados, entre ellos al gerente de operaciones de la zona sur. El quebranto, en dólares, fue calculado en los 4,5 millones.
Pero con el paso de los días la situación planteada al comienzo ha ido variando y ha generado una serie de dudas en el área de Regalías de la provincia que depende de ATM.
Luego de que el gobierno de Alfredo Cornejo enviara tres auditores propios para verificar lo que la empresa dejó trascender a través de los medios, los funcionarios no han despejado del todo la sospecha de que el crudo haya sido robado antes de ser medido. Si fuese así, Mendoza habría sido perjudicada por un petróleo no contabilizado y por el que no habría cobrado regalías.
Los ministros Enrique Vaquié (de Producción, Energía y Minería) y Martín Kerchner (de Hacienda) fueron los encargados por parte de la provincia para intentar dilucidar lo que realmente ocurrió y qué no.
Vaquié viajó el último fin de semana a la zona del yacimiento, en Neuquén, y volvió con la certeza de que el robo también se produjo en Chachahuén, una de las áreas más ricas y productivas de petróleo que tiene Mendoza. Es decir, que el quebranto informado por YPF en un principio podría ser mayor, tanto para la petrolera como para la provincia si se llega a confirmar que por el robo también se perjudicaron las regalías de Mendoza.
De ahí que en la semana los funcionarios de Cornejo comenzaron a evaluar cómo actuar desde el punto de vista oficial. El tema está en manos de los asesores legales de la provincia. A ellos se les pidió que sugirieran qué hacer para el caso de que se confirme de que el robo de crudo fue realizado antes de la medición. La Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno y los abogados de los dos ministerios involucrados estudian por estas horas proponer la presentación judicial a modo preventivo.
Cuando recién se supo de la maniobra delictiva, YPF suspendió y despidió a varios de sus directivos involucrados. Junto con eso, también se dejó trascender que resultaba difícil robar el crudo antes de la medición, porque eso implicaría para la organización delictual contar con una logística de envergadura para separar el agua y otras impurezas del crudo propiamente dicho.
Es más, dos directivos de YPF viajaron a Mendoza la semana pasada para convencer a la provincia que no había sido perjudicada por el robo como sí lo fue la petrolera.
Reunidos con funcionarios de la ATM, del área Regalías específicamente, intentaron tranquilizar a la provincia de que las regalías por ese crudo robado ya habían sido calculadas y pagadas porque -afirmaron- la quirúrgica operación de robo que se había montado se circunscribió a los tanques de almacenamiento que tiene destinados YPF para depositar el crudo que se extrae, en este caso, del yacimiento El Portón.
Pero al promediar la actual semana, las dudas del comienzo se intensificaron cuando se supo que el robo también afectó al área de Chachahuén. El caso vuelve a poner sobre la lupa los controles de la provincia sobre la cantidad de crudo que extraen las petroleras que explotan el territorio.
La gestión de Francisco Pérez intentaba mostrarse activa y pendiente de los datos que las petroleras informaban sobre la cantidad de petróleo que extraían. Nunca, en verdad, pudo el Estado mendocino brindar tranquilidad absoluta sobre la cantidad que informaban y lo que realmente extraían. Hasta que se llegó a la medición telemétrica, en boca de pozo, y a otra volumétrica dispuesta en los oleoductos que conducen el crudo desde el pozo hasta las baterías en donde las compañías lo almacenan.
Una de las promesas de Cornejo, durante la campaña electoral, fue agudizar y ampliar el sistema de control de la provincia sobre lo que realmente extraen las petroleras para garantizar lo que realmente pagan por regalías. Mientras se avanza en ese sentido, y por este caso de robo, ahora parece que lo más rápido es ir a la Justicia y que sea ese poder el que dilucide el posible quebranto a las arcas públicas.
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