El sábado 14 de junio del 2014, Andrés García Campoy, un joven puntano de 22 años que vivía en Mendoza y estudiaba Higiene y Seguridad, murió de un disparo durante un control vial de Gendarmería en ruta 7 a la altura de la destilería de Luján de Cuyo.
Los efectivos aseguraron rápidamente que el chico se había suicidado cuando le encontraron entre sus pertenencias un arma que era de su abuelo-, pero desde ese entonces hasta ahora, las dudas abundan en la causa judicial.
García Campoy tenía una vida normal y a simple vista no estaba atravesando ningún inconveniente. Incluso, esa misma tarde ya había hablado con sus amigos para festejar el cumpleaños de uno de ellos. Ya tengo tu regalo, le escribió en un SMS la víctima a uno de los jóvenes. Por eso, su supuesto suicidio es sumamente sospechoso.
Este martes se cumplirán dos años de la muerte del chico, como así también dos años de una investigación sumamente polémica y repleta de irregularidades.
La causa, que comenzó a ser investigada por un fiscal de Luján, cayó en manos del Juez Federal Walter Bento -foto derecha-, quien en más de una ocasión rechazó analizar pruebas de importancia, como por ejemplo la búsqueda y la posterior declaración de un testigo presencial que desapareció misteriosamente luego de que Gendarmería apareciera en su casa horas después del caso.
Hoy, la familia de García Campoy, a través de su abogado querellante, Ramiro Villalba, intenta que el magistrado dicte el procesamiento de los dos gendarmes sospechados: Corazón de León Velázquez (21) y Maximiliano Alfonso (24).
Estos fueron imputados por homicidio agravado por ser miembro de la fuerza policial, pero nunca estuvieron detenidos.
A principio de marzo de este año, Villalba recusó a Bento, pero la Cámara Federal ratificó al juez en un fallo dividido. Dos de los miembros avalaron la investigación del magistrado, aunque otro dijo que este debería ser separado de la pesquisa.
Lejos del esclarecimiento, Bento sigue teniendo en manos una causa que desde su parte está prácticamente estancada. Sólo se incorporan las pericias que aporta la querella y que acepta Bento-, y los dos sospechosos están libres.
La reconstrucción del hecho
García Campoy viajaba en su Peugeot 504 azul cuando fue detenido en un control vial. Se desconoce hacia dónde iba el joven, pero lo cierto es que llevaba en el baúl del auto una carabina. En base a eso, su familia cree que iba a vender el arma porque necesitaba plata.
Lo cierto es que en medio de ese control, el chico recibió un disparo detrás de la oreja derecha, provocando su muerte en el acto.
A partir de allí fueron todas irregularidades. Los dos gendarmes señalados se contradijeron en más de una ocasión, nunca llamaron a una ambulancia ni a la Policía.
Expertos del Cuerpo Médico Forense hicieron una necropsia psicológica, que es cuando se analiza si la víctima tenía indicios de ser una persona con tendencia al suicidio.
Los psicólogos fueron determinantes. No hay ningún tipo de indicio para que García Campoy haya decidido suicidarse, dijeron. La existencia del mensaje de texto agregó más dudas aún. ¿Para qué mandaría un mensaje el joven antes de suicidarse?
A lo largo de estos dos años, la querella solicitó varias pruebas, pero Bento las rechazó. Incluso, cuando las pidió la Procuraduría de Violencia Institucional, quien a través de un comunicado resaltó todas las irregularidades del caso.
La familia de García Campoy denunció que Bento nunca quiso entrevistar a testigos presenciales. Estos eran vecinos del barrio Alto Agrelo, ubicado frente al lugar donde ocurrió la muerte, quienes dijeron que en la noche posterior al hecho aparecieron varios gendarmes misteriosamente en el lugar.
Entrevistaron a un hombre que había visto todo y horas después ese vecino desapareció del barrio.
La causa en la actualidad
Tras la ratificación del juez en la causa, la querella insistió con la incorporación de pruebas. De esta forma, se incorporó en las últimas horas el informe de Nilda Martínez, que es Licenciada en Criminalística.
Esta mujer marcó, una vez más, las irregularidades de la investigación, pidió una serie de medidas nuevas y finalizó su informe asegurando que no se podía descartar la intervención de terceras personas en la muerte.
Con este informe, el abogado querellante espera que Bento dicte el procesamiento de los gendarmes, que sería el paso previo a un futuro juicio oral. Para la familia García Campoy, llegar a esa instancia, con un tribunal objetivo, sería la única forma de lograr el esclarecimiento de este recordado hecho.
¿Pensás que la Justicia Federal logrará esclarecer la muerte de García Campoy?
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