Al promediar la semana, la Legislatura provincial le devolvió la iniciativa y el centro de la escena que había perdido en medio del alboroto mayúsculo generado a nivel nacional con tremendo impacto negativo en Mendoza, por los aumentos indiscriminados y abusivos de la tarifa del gas que comenzaron a llegar a los domicilios de los usuarios.
Con la caída del consumo a nivel generalizado, el sostenido y constante aumento de precios, una depresión económica y esencialmente comercial superior al 30 por ciento de acuerdo con algunos estudios especializados, sumado al golpe provocado por subas del orden del 1.500 por ciento en las facturas del servicio de gas, el fastidio generalizado ganó el ánimo de los mendocinos. Envuelto en ese combo, el gobierno de Alfredo Cornejo no tuvo otra alternativa que sumarse, como furgón de cola, al fallo de la jueza federal, Olga Pura de Arrabal, que obligó a la empresa distribuidora del servicio a rehacer las facturas con vencimientos superiores al 27 de mayo.
Los mendocinos no tienen que pagar estas facturas, sentenció el jefe del Ejecutivo de la provincia, como para no perder la sintonía y el vínculo con una sociedad aturdida por los golpes al bolsillo, mientras desde el Gobierno nacional de su aliado Mauricio Macri se criticaba el fallo y se anunciaba que se apelará la resolución con el agregado de que se cometieron errores al eliminarse de un plumazo los subsidios para todos, situación que se corregiría, de acuerdo con lo dicho por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, objetivo en el que se avanzó acordando no autorizar aumentos, para todo el país, superiores al 400 por ciento.
Por eso, en medio de tantas controversias para Cornejo incluso el hecho de asumir políticamente, siempre con algún costo, esa posición contraria a la de la nación por el tema del gas, la aprobación de la Legislatura a esas modificaciones que pidió el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa para modificar el instituto de la prisión preventiva buscando darle un golpe de muerte a la puerta giratoria que impera en la lucha contra el delito con delincuentes que entran y salen del sistema judicial sin mayores sobresaltos, se transformó en un bálsamo para el Ejecutivo, y una vuelta a protagonizar la escena pública con uno de los asuntos más sensibles para la sociedad: el de la inseguridad.
Sin mayores opciones que ir detrás del ordenamiento general de las cuentas y de avanzar en buscar mejoras en la provisión de los servicios que el propio Estado debe prestar a los mendocinos, como el de la seguridad, la salud, el de la educación y el de la Justicia, Cornejo se prepara para atravesar el umbral entre el primero y el segundo y clave semestre del año sumido en las cuestiones de la gestión. Como cuando era intendente de Godoy Cruz y lo atormentaba la obsesión de controlar las cuentas del municipio, tapar algunos baches, limpiar las calles y no dar mayores motivos como para enfurecer a los vecinos.
La diferencia entre aquel Cornejo y este que está al frente de la provincia, es que el primero se movía cómodo cuestionando a la provincia y a la nación apuntando a ambas por las penurias económicas, por la falta de seguridad y por las extendidas deficiencias en la lucha contra la marginalidad, la pobreza y todas aquellas variantes de críticas hacia la educación, la salud, la justicia y demás.
Hoy, Cornejo, el segundo, el actual, se da cuenta que desde la provincia poco y nada puede hacer para aliviar el peso de la situación económica más que remitir, de tanto en tanto, a la herencia maldita. Y además en la nación tiene a un aliado y a su partido de cuna y militancia, a la UCR, compartiendo el gobierno dentro de la coalición Cambiemos.
El Cornejo actual, el en el rol de gobernador, se ha concentrado en la gestión y poco tiempo parece dedicarle al asunto político del escenario nacional que discute un nuevo blanqueo de capitales polémico e injusto para financiar de acuerdo con las justificaciones, lo que se conoce como el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y junto con eso, este escenario, que no lo tiene entre sus protagonistas, comienza a concentrarse en los primeros movimientos ya visibles de contactos, roscas, acercamientos y acuerdos que propone el macrismo para enfrentar al peronismo en las legislativas del año que viene.
El Alfredo no tiene ni tiempo, ni energía, para sumarse a todo eso que sí se le reclama, pero el está bien siguiendo al día la gestión en la provincia. Él ya sabe que no habrá obras que le cambien el perfil a Mendoza, con lo que si le va bien en el ordenamiento del Estado que se ha propuesto, todo lo demás le llegará solo, conjeturó para quien escribe esta columna, uno de los hombres más cercanos al gobernador y que comparte a diario los encuentros de la mesa chica del gobierno.
Cornejo tiene por delante, ahora sí para su segundo semestre particular, al margen de las demandas que tiene el gobierno nacional, ejecutar y hacer uso de todas y cada una de la herramientas que le fue proporcionando la Legislatura para la gestión en Mendoza.
El endeudamiento para cubrir parte del déficit, los bonos para pagarles a los proveedores, la aprobación de los decretos por los que se fijaron los aumentos salariales a los estatales tras el fracaso de las paritarias, las emergencias financiera y de seguridad, el acuerdo con la nación para recibir en tramos el 15 por ciento de la coparticipación que se le sacó a la provincia por 24 años y ahora la reforma al controvertido asunto de la prisión preventiva, corren el foco de atención hacia el Poder Ejecutivo. Todas herramientas que la Legislatura le votó a favor y casi tal como las pidió, con el apoyo de diputados y senadores que han respondido con inusitada acción a la lluvia de palos que recibieron por el impacto que tuvo en sus dietas el aumento del 25 por ciento para todos los empleados y funcionarios públicos llevando a sus cajas de ahorro ingresos por 68 mil pesos en bruto.
El horizonte de urgencias que le trae a Cornejo la llegada del segundo semestre del año le coloca sobre su cabeza la obligación de alcanzar metas y objetivos concretos. Esto es que se vea, que sea tangible y demostrable, todo lo que hace para transformar un Estado que debe mejorar los servicios que presta gastando menos o la misma plata que le ingresa para frenar el déficit con el que asumió; avanzar en la lucha contra la delincuencia porque ya cuenta con los avales para equipar y profesionalizar a una policía con móviles y equipamiento un poco más moderno; introducir las modificaciones a un sistema penitenciario que se tiene que preparar, quizás, para recibir muchos más internos de los que ya tiene y hacer, en definitiva, más amable la vida a un pueblo que tiene mucho por lamentar mientras espera por los años de bonanza prometidos.