La Justicia frenó este viernes, por los próximos 3 meses, a través de una resolución de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, el aumento de la tarifa de gas que llegó a los usuarios de la provincia con grandes porcentajes de incrementos, y emplazó a Enargas a que realice una restructuración de las tarifas con un tope de aumento del 80% con respecto al año anterior.
Sin embargo, esta acción judicial regirá para toda la provincia menos la zona Sur (San Rafael y General Alvear), ya que esos departamentos pertenecen a otra jurisdicción. Según explicó en el programa Sin Verso, por Radio Andina, el abogado de la ONG Protectora, José Ramón, fue el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas quien no hizo lugar al amparo que se presentó porque, según él, se eligió una vía procesal incorrecta.
Es por eso que el abogado expresó que se apeló esta decisión de no investigar el caso y el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones de San Rafael. Puigdéngolas dice que no puede tramitar por vía del amparo, y sí por vía sumaria. Esperamos igual que la Cámara Federal dé la contraorden, agregó.
Los aumentos en las tarifas del gas fueron altísimos.
Qué hacer con la factura de gas
Ramón informó que tras la resolución de la jueza Arrabal, para aquellos que todavía no hayan pagado la factura, no es necesario que la paguen, ya que en los próximos días Enargas debe mandar una nueva factura con el precio actualizado, sin el aumento.
Sin embargo, explicó que aún no ha habido una resolución para aquellos usuarios que ya hayan pagado la factura, aunque opinó que, si bien no se devolverá el dinero, seguramente servirá como crédito para las próximas facturas.
Críticas al Gobierno
No puede ser que sea una Organización de la Sociedad Civil la que lleve el reclamo de los usuarios. Al Gobierno no le interesa ni está preocupado por la afectación social que produciría pagar este monto por la factura, declaró Ramón.
Además, añadió que si desde el Poder Ejecutivo se están metiendo en el tema ahora, es porque tienen la soga en el cuello y quedarían peor de lo que quedaron sin seguir haciendo nada. En este sentido, el letrado añadió que le pidieron a gritos a todos los funcionarios provinciales como Alfredo Cornejo (Gobernador), Enrique Vaquié (Ministro de Economía) o Sergio Marinelli (Secretario de Servicios Públicos), que pusieran el reclamo en la Nación, pero fue en vano.
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