Un buen toque de sensibilidad social y una buena dosis de sintonía fina. Eso es lo que le está faltando al profundo plan de reestructuración de las cuentas públicas que ha encarado el gobierno de Mauricio Macri desde el 10 de diciembre a esta parte y que tiene, en la administración mendocina de Alfredo Cornejo, uno de sus más convencidos aliados.
Así como tan necesario era ajustar las cuentas por donde discurría el dinero, muchas veces cuanto menos sin ton ni son por parte de la administración de Cristina Fernández, sin mencionar las irregularidades que la justicia investiga alrededor de los fondos que se destinaban a obras públicas quedando en manos de unos pocos empresarios hoy bajo sospecha de haber obtenido sobreprecios que luego podrían haber mutado en retornos pagados a los mismos funcionarios que los favorecieron; así como todo eso era tan necesario finiquitar y reconstituir a un camino de normalidad y transparencia, al gobierno de Macri y al de Cornejo les asiste la obligación imperiosa de atender directamente a quienes más están padeciendo el pago de los platos rotos de la fiesta K.
Por supuesto que quizás y en primera línea de necesitados figura la clase media. Pero sin ninguna duda al tope están los millones de argentinos, quizás 12 o quizás 15 millones de personas, que no sólo son pobres de toda pobreza, sino que cada vez se les hace más difícil comprar los alimentos que necesitan, cada vez más difícil se les hace movilizarse de un lugar a otro, ni hablar de vestirse, de mantener sus precarios, informales y pésimamente pagos trabajos que encima hoy escasean y muy pero muy difícil conseguir una garrafa a un precio módico para cocinar y calentar sus derruidas viviendas.
Las respuestas que dieron ayer los funcionarios provinciales sobre el programa Garrafa del hogar, que fue anunciado sin detalles nueve días atrás, resultaron ser, cuando menos, irrespetuosas y patéticas. La reunión de los funcionarios, para la que estuvo convocada la prensa, buscó echar algo de luz y de precisiones a una situación que, con los primeros fríos, ha retornado con fuerza: la de la especulación comercial en la distribución y venta de las garrafas de gas de 10 kilos.
Pero algo salió mal. Los funcionarios no pudieron explicar por qué aumenta el precio en los suburbios de un bien que hoy resulta casi vital para casi la mitad de la población de Mendoza. Más de 1 millón de mendocinos necesitan del gas envasado para calefaccionar el hogar y cocinar los alimentos. El problema con el que chocan estas personas es la falta de garrafas y cuando la encuentran, el precio ya por las nubes. A fines del año pasado la garrafa tenía un precio de 97 pesos. Hoy, en algunos barrios del Gran Mendoza esa garrafa se está vendiendo a 110, 140, 150 y hasta 180 pesos.
Los funcionarios una mezcla proveniente de las áreas de Desarrollo Social, de Defensa al Consumidor, de Fiscalización y Control entre otras, se mostraron sorprendidos por las denuncias recibidas y pidieron, por favor que los mismos usuarios denuncien dónde están los abusos porque cuando han salido a la calle la única irregularidad con la que se encontraron resultó ser la falta de exhibición de los precios.
Dijeron, entre otras cosas, que cuentan con doce inspectores para realizar esta tarea, admitiendo que son pocos y que como son pocos la misma gente que padece la ausencia de garrafas para comprar y los abusos de precios es la que tiene que transformarse en fiscalizadora de la situación y quien alerte de las irregularidades.
Ahora bien. El punto es que también reconocieron, no hay precio fijado desde la Secretaría de Energía de la Nación para el valor de la garrafa. Entonces: cómo se puede castigar el abuso si no hay precio de referencia. Para ello no hay repuesta todavía.
El gobierno no tiene muy en claro, todavía, esta situación. Los funcionarios de Mendoza, según dijeron, cuando piden precisiones a la nación les responden con silencio. Pero aquí existe una de las obligaciones a las que el Estado, por medio de los funcionarios de gobierno, no puede soslayar, mucho menos ignorar ni esperar que la nación defina las características del plan. Los funcionarios tienen que solucionarlo, como sea.
Al plan Garrafa social lo primero y único que se le modificó, según parece, fue el nombre. Ahora se llamará Garrafa del hogar. Se dijo que lo nuevo cambiará el paradigma. Que en vez de subsidiarse la oferta, es decir a los comercios que venden la garrafa, se subsidiará la demanda, es decir a quien la necesita y la compra.
También se afirmó que se utilizarán los registros de Anses de todas aquellas personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y que en cada mes se les depositará en su caja de ahorro los fondos necesarios para comprar una, dos, tres o cuatro garrafas que utilicen al mes.
Pero a la reunión de ayer los funcionarios de Anses no fueron, con lo que tampoco se les pudo pedir alguna explicación sobre lo que saben del plan. Y lo más trascendente de todo: ni los funcionarios saben a cuánto debe pagarse la garrafa. Sólo dijeron que les parece que pagar más de 110 pesos es abuso, con lo que si está por arriba de ese valor, lo mejor es no comprarla. Un consejo y una sugerencia tan bonita y atinada como la del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que cuando se le pidió una explicación que fundamentara el por qué del aumento reciente de la nafta, y el elevado valor que tienen los combustibles en la Argentina comparados con el que tiene en los países de la región, lanzó: Aquel que considere que el precio es caro, seguramente no la comprará.