Seis efectivos de la Policía Federal y un agente penitenciario fueron condenados hoy a penas de entre 7 y 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hermanas adolescentes en situación de calle, entre 2009 y 2011.
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Seis policías y un penitenciario condenados por abusar de dos hermanas
Las víctimas estaban en situación de calle y fueron atacadas por los acusados. Recibieron penas de 7 a 16 años de cárcel.
El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17 porteño, integrado por los jueces Pablo Vega, Alejandro Nocetti Achaval y Juan Giudice Bravo, que aplicó penas menores a las solicitadas por la fiscalía y la querella.
En la sala de audiencias, los acusados ni se inmutaron al conocer la sentencia, mientras que se notó satisfacción por parte del fiscal Fernando Fiszer, que había reclamado entre 12 y 17 años de cárcel.
El cabo primero Héctor Palavecino (37) y el sargento Sebastián Borfitz (59) fueron condenados a 16 años de prisión por "abuso sexual agravado por acceso carnal en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores de 18 años, agravado por haber sido mediante intimidación", en perjuicio de ambas víctimas.
Por su parte, el agente Gustavo Salinas (40) recibió 14 años de cárcel; el ayudante del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Jorge Acevedo 12 años, y su hermano, Mauricio Acevedo (30), 12 años y seis meses por los mismos delitos.
En tanto, los agentes Héctor Daniel Martínez (41) y Miguel Angel Campero (37) fueron sentenciados a 10 años y 7 años de cárcel, respectivamente, pero por el abuso de solo una de las adolescentes, en tanto se los absolvió respecto de la otra.
Los imputados, que llegaron en libertad al juicio, continuarán en esa situación, pero los jueces dictaron una prohibición de acercamiento a las damnificadas y a su entorno familiar, ordenaron que se presenten en el tribunal mensualmente y que no puedan salir del país.
En tanto, se rechazó el pedido de la querella para que los policías y el penitenciario sean removidos de sus cargos.
Gerardo Etcheverry, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación (DGN), que representó a las víctimas, dijo a Télam que los policías se encuentran en disponibilidad y no cobran sueldo, mientras que el agente penitenciario todavía está en actividad.
Por ese motivo, había reclamado en los alegatos que se los removiera definitivamente de sus cargos públicos y se suspendiera el eventual goce de toda jubilación, pensión o retiro.
También había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos, empleos y comisiones públicas, en virtud de haberse valido de sus puestos para cometer los delitos.
Respecto a las penas, Etcheverry había pedido entre 15 y 23 años de prisión, pero se excusó de opinar al respecto porque los fundamentos de la sentencia se conocerán el 30 de mayo y todavía no pudo dialogar con las víctimas.
No obstante, en el alegato, Etcheverry había considerado que "hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores de delito, atento al grado de vulnerabilidad (de las niñas) en razón de su minoridad e historias de vida".
En tanto, la defensa de los policías había negado la participación de los efectivos en los abusos y en sus "últimas palabras" antes del veredicto, los acusados dijeron esta mañana que eran inocentes y algunos aseguraron que no conocían a las víctimas.
Otros afirmaron que no hubo abusos sino que las adolescentes tuvieron relaciones consensuadas, lo cual no es un argumento válido porque eran menores de edad.
La breve exposición de los policías, así como la sentencia, fueron presenciados por la fiscal Cristina Camaño, que fue quien los pasó a disponibilidad cuando era secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas en el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Nilda Garré.
Los hechos que se juzgaron se produjeron entre 2009 y 2011, cuando las hermanas tenían entre 13 y 15 años una, y entre 14 y 16 la otra.
En el debate, la fiscalía y la querella dieron por acreditado que en ese período, los imputados llamaban telefónicamente a las adolescentes, las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban al Cuerpo de Policía Montada de la PFA.
En ese predio, situado en Cavia 3302 del barrio porteño de Palermo, las violaban tanto ellos como algunos allegados y, en ocasiones, lo hacían a cambio de dinero o comida, aprovechando la situación de calle de las víctimas.
También se dio por probado que abusaban de las adolescentes en el predio de la Policía Montada situado debajo de la Autopista 7 "Presidente Héctor Cámpora", y en una pensión para efectivos de la calle Warnes al 2100 del barrio de La Paternal.
Según dijo una fuente ligada a la causa, se cree que los policías involucrados son muchos más, pero las chicas no pudieron identificarlos a todos porque a algunos los conocían sólo por sus apodos y varios tenían el mismo apellido.
Uno de los abusos más graves se cometió cuando las víctimas fueron subidas por la fuerza a un carro de asalto y las violaron una veintena de policías de distintas reparticiones.
Fuente: Télam