La Justicia argentina, para lamento de todos y para beneplácito de los poderosos, de los ricos y famosos, la mayoría políticos ellos y funcionarios en ejercicio del poder, ha presumido de independiente, pero lejos ha estado de serlo.
La vergonzosa justicia argentina da la vuelta al mundo por su característica tan sobresaliente de abrigar y cobijar a los protagonistas del poder mientras estos lo detentan y de caerles con rigor y alarde de independencia cuando aquellos han vuelto al llano.
Buena parte de la sociedad ha festejado las detenciones y el encarcelamiento de personajes tan oscuros como el del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y la del empresario K, Lázaro Báez, sucedida este martes.
A pocos, en verdad, debe sorprender el accionar de los jueces involucrados en las explosivas causas que representan, antes y ahora, la esencia de la corrupción que se apoderó del gobierno de los Kirchner desde prácticamente el inicio del proceso con Néstor en el 2003 y de su profundización con Cristina desde el 2007 hasta fines del año pasado. Porque era tanta la evidencia que se había acumulado y que además se había hecho pública en contra de los ahora detenidos e imputados, varios años antes, que resultaba irónico y patético que los investigados todavía estuviesen en la libertad.
También resulta evidente que hubo una decisión al más alto nivel para apurar y agilizar todos los procesos que recaían sobre los ex funcionarios kirchneristas y los empresarios vinculados con el poder. El primero que operó fue, sin dudas, el cambio de clima y de época tras las elecciones presidenciales. El segundo, parece una ironía junto con un gesto desesperado a la vez: acelerar los procesos para gambetear los inevitables pedidos de enjuiciamiento del accionar de muchos jueces que durante el kirchnerismo sólo se ocuparon de dar protección a quienes los habían impulsado al cargo de magistrados.
El beneplácito popular del momento, tampoco debe hacer olvidar lo que fue la trama de impunidad que se extendió sobre los hoy detenidos y los que seguro se sumarán próximamente en las investigaciones por lavado de dinero, la ruta del dinero K, la compra corrupta de material ferroviario a España y Portugal y otras tantas causas que se están desempolvando desde el 10 de diciembre a esta parte.
La Justicia y su proceder para con quienes detentan el poder y para quienes la política protege cobra mucha más relevancia que lo que hacen o dejan de hacer el resto de los poderes republicanos, porque en definitiva se la interpreta y asume como la reserva última frente al desamparo en el que se encuentra la ciudadanía ante los casos de corrupción; corrupción que muchas veces mata, como la de Once por ejemplo. Como ha sucedido este martes y desde el último fin de semana cuando se ordenó la detención del otrora poderoso Ricardo Jaime.
Lejos está, la Justicia, de dar absoluta tranquilidad y garantías de que actúa con imparcialidad y desprovista de intereses que no sean los del bien común y general, los únicos a los que debiese servir.
Y las experiencias cercanas que se tienen en la región, como la actuación de la Justicia en Brasil, por caso, remiten a una inmediata y desagradable comparación. Allí la Justicia actúa sobre quienes están en el poder y no años después como tradicionalmente ocurre en la Argentina. Y los ejemplos huelgan mirando la caída del menemismo y el desfile de sus funcionarios bastante tiempo después, como sucedió con el efímero gobierno de la Alianza y el caso de las coimas en el Senado, o bien ahora, tras los doce años de gobierno K y la profusa acumulación de causas que se fueron cajoneando por, en general y salvo muy honrosas excepciones, los mismos magistrados que hoy se ponen al frente de las investigaciones sobre los casos de corrupción que todos conocíamos desde bastante tiempo atrás.
Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es perro. Lo mismo para el Poder Judicial argentino y su característica de parcial, oportunista y groseramente especuladora.