Esta semana, la vicegobernadora electa, Laura Montero, impulsó 2 auditorías para controlar las cuentas públicas en la gestión de Francisco Pérez, bajo el mando de Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Sin embargo, tras una polémica en torno a la validez de dicha auditoría, y luego de la afirmación de la Fiscalía de Estado de que es posible que la AGN controle a la provincia, desde el Tribunal de Cuentas expresaron que realizarán una auditoría general. Sin embargo, desestimaron la que llevará a cabo la AGN, la que tendrá un efecto meramente político, según establecieron en un comunicado.
Más allá de eso, Montero afirmó que es una buena noticia que el Tribunal de Cuentas local haya informado su voluntad de realizar auditorías sobre la mayoría de los organismos provinciales, ya que agregó que hay aspectos en los cuales se deberían consultar ambos organismos y que podrían ser complementarios.
La senadora nacional añadió que el trabajo de la AGN representa un excelente complemento a las facultades y capacidades del Tribunal de Cuentas provincial, y que ejerce exclusivamente un control de legalidad sobre la utilización de los recursos fiscales y no así sobre su gestión.
En tanto, sostuvo que tanto el Tribunal de Cuentas como el organismo que preside Despouy, comparten el objetivo de mejorar la calidad institucional, el federalismo y con ello, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, y con más razón si se trata de organismos que tienen la misión de controlar lo que se hace en cuanto a gestión y fondos públicos.
Asimismo, también se debe sumar la opinión del ex procurador de la Corte, Nicolás Becerra, quien señaló que la auditoría de la AGN sería inconstitucional porque su competencia es relativa al Estado Nacional y a los organismos descentralizados del Estado Nacional. La ley es clara en cuanto a la competencia: la AGN puede controlar la aplicación de los recursos siempre en el ámbito nacional", agregó.
Respuesta
Tras la desestimación por parte del Tribunal de Cuentas a los trabajos que pueda llegar a realizar la Auditoría General de la Nación, Montero recopiló una serie de auditorías en diferentes ciudades del interior y provincias, que sirven como jurisprudencia a este caso. Estos casos son: en la Ciudad de Paraná al 12/12/2011, en la Municipalidad de Lanús al 07/12/2007, en la Provincia de Santa Fe al 11/12/2007, en la Provincia del Chaco al 11/12/2007 y en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al 17/12/2007.
"La AGN tiene competencia originaria para auditar los fondos transferidos a las provincias, las obras ejecutadas con fondos nacionales y para realizar las auditorias de corte a solicitud de autoridades municipales o provinciales. Estos procedimientos no resultan en modo alguno incompatible con la manda constitucional que recae sobre el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, sino que, por el contrario, se presenta como una oportunidad de fortalecer la transparencia de los procedimientos, finalizó Montero.
