El Tribunal de Cuentas de Mendoza difundió un comunicado en el que hace referencia al pedido de la UCR a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que analice el gasto de dinero público durante la gestión de Francisco Pérez. El entidad de control de la provincia manifestó que tiene "poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia" y que "la intervención de cualquier organismo, sea público o privado, en la realización de auditorías, tiene un efecto meramente político".
En el mensaje se especifica que la Constitución de la Provincia de Mendoza creó en su artículo 181 el Tribunal de Cuentas con el objetivo de establecer una auditoría de transferencias y una auditoría de corte que clarifique la situación económica y financiera de la provincia al momento del cambio de gobierno.
Agrega que la norma máxima de la provincia le otorga al tribunal poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia".
En tanto, indica que la Ley Nº 1003 (ley orgánica del tribunal) establece las facultades, deberes, organización y funcionamiento del mismo. Entre estas capacidades se encuentra la de fijar las fechas en que los organismos deben enviar anualmente las cuentas para la aprobación o desaprobación de las mismas, así como también podrá efectuar revisiones de cuentas sobre los actos y operaciones de la hacienda pública realizados en el transcurso del ejercicio para lo cual dispondrá auditorias permanentes o periódicas.
Ante esto, el organismo controlador tomó la medida de notificar a las administraciones salientes en diciembre sobre la forma en que se hará el corte de información con la gestión entrante y que consiste esencialmente en la toma de un inventario de todos los activos y pasivos de la provincia (bienes, créditos, deudas, etc.).
A su vez, el Tribunal informó que ha ordenado que las auditorias periódicas o permanentes que se desarrollan en la mayoría de los organismos contemplen: verificación de que las registraciones contables se encuentren al día con las operaciones desarrolladas, circularización a los principales proveedores del estado provincial a los efectos de corroborar la certeza de los saldos contables registrados patrimonialmente como deuda de la provincia yrealizar auditorías integrales a algunos organismos que lo soliciten especialmente.
Finalmente, en el comunicado se expresa que "los fallos del Tribunal son los únicos que exoneran de todo cargo a los responsables, salvo la decisión de la Suprema Corte por recursos presentados ante la misma. Por lo que la intervención de cualquier organismo, sea público o privado, en la realización de auditorías, tiene un efecto meramente político".
