La Bicameral de Seguridad cambió sus autoridades y fue elegido nuevo presidente el senador Gustavo Cairo (PRO), como vicepresidente primero fue designado el diputado Jesús Riesco (PD) y como vicepresidente segundo el senador Néstor Márquez (Unidad Popular).
El presidente saliente, el diputado Héctor Quevedo (UCR), realizó el informe final del año que estuvo al frente del organismo. Destacó el acompañamiento de todos los legisladores y resaltó el trabajo plasmado a través de muchas iniciativas que se transformaron en leyes, como por ejemplo posibilitar de presupuesto a las Víctimas de Delitos, la implementación de cámaras de seguridad en distintos puntos de la provincia, la creación de destacamentos policiales, la aprobación de la norma para la construcción de una unidad penitenciaria con aportes mixtos y la adquisición de dispositivos "pulseras" para control de internos extramuros.
Quevedo indicó también que "quedaron pendientes de resolución diversas acciones motorizadas desde esta comisión, como la aprobación de la emergencia en seguridad pública y penitenciaria, la regularización de diversos ítems judicializados referidos a deudas relacionados con el personal penitenciario y policial y la actualización de los programas del Instituto Universitario de Seguridad Pública".
Por su parte el senador Cairo, manifestó que "continuaremos con el trabajo que se ha llevado a cabo haciendo hincapié en las visitas a las comisarías, a los penales y nos hemos trazado como premisas para esta etapa buscar las soluciones para un tema muy complejo como son los enfermos mentales que han cometido algún delito y más allá de la ley nacional que hoy rige este tema, encontrar la forma de llevar tranquilidad a las familias que han sido víctimas de estos hechos".
Con respecto a este tema, recordó la marcha que hace unos días llevaron adelante familiares y amigos de Paula Giglio, que murió cuando fue atacada por un enfermo psiquiátrico mientras realizaba trámites en la municipalidad de San Carlos.
El legislador del PRO remarcó que trabajarán para poner en marcha el registro de ADN provincial y reformular el rol de los Juzgados de Faltas, que hoy sólo atienden las apelaciones de tránsito.
