El bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Complejos contra dos funcionarios de la Dirección de Hidráulica que hace un mes fueron emplazados por Tribunal de Cuentas a devolver cerca de medio millón de pesos por irregularidades en la compra de combustible. La denuncia tiene como fin que se investigue la probable responsabilidad penal que les corresponde a los involucrados por el delito de malversación de fondos.
En mayo, el Tribunal de Cuentas instó a Marcelo Toledo, director de Hidráulica, y a Roberto Moyano, jefe del departamento de Compras y Suministros, a pagar 484.000 pesos al no poder justificar, mediante documentación respaldatoria, un flatante de combustible debido a una auditoría practicada por el tribunal.
En esta auditoría el organismo constató la falta de concordancia entre los facturado y los registros manuales llevados en la dependencia Dique Frías (lugar donde se carga el combustible para las máquinas de la dirección), ya que la cantidad de litros facturada era mucho mayor de la que surge de los registros, a la documentación de respaldo y a la rendición mensual presentada desde el Dique Frías. Además se comprobó que existen remitos computarizados que no están firmados por el chofer que realizó la carga, siendo solamente firmados por Moyano y Toledo.
El senador radical Jorge Palero manifestó, en diálogo con SITIO ANDINO, que el bloque de la UCR resolvió poner en conocimiento de la situación a la fiscal Claudia Ríos, que está a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos, para que investigue si existió un ilícito en las acciones de los funcionarios.
"Desde nuestro bloque no prejuzgamos pero creemos que debe investigar la Justicia para ver si hay un delito", aseguró Palero.
Por su parte, el director de Hidráulica Marcelo Toledo, manifestó a SITIO ANDINO que no tenía conocimiento de la presentación del bloque de la UCR y resaltó que la investigación en estos momentos se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
"El 12 de junio presentamos el descargo que pidió la Suprema Corte de Justicia, y esta resolvió suspender el pago hasta que haya un fallo definitivo", dijo Toledo y agregó que los senadores radicales deberían haber pedido informes a la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas ya que la denuncia la está llevando a cabo el máximo organismo de la Justicia mendocina.
Con respecto al hecho que se le imputa, el funcionario señaló que a su entender el procedimiento del Tribunal de Cuentas fue irregular ya que fueron a consultar solamente al proveedor de combustible y "no pidieron la información a las autoridades competentes".
Atribuyó los tickets computarizados que se registraron a un "ajuste administrativo". Explicó que cuando por distintos procesos administrativos no se pudo se recibió un comprobante manual se pide un ticket computarizado cuando se acumula una cierta cantidad de combustible.
Indicó también que el desfase entre las cantidades de combustible facturada y la de los registros se debía a que cuando se realizaba este procedimiento de ajuste se hacía por elmismo valor económico que se había hecho la compra pero el número de litros era otro ya que se podía facturar otro tipo de combustible con otro valor.
