El ajuste fiscal que el gobierno brasileño intenta implementar con el fin de equilibrar las cuentas públicas incluye un recorte de gastos que rondará los 23.300 millones de dólares este año, además de un aumento de impuestos, sostienen hoy medios locales.
Ambas medidas fueron discutidas durante cuatro horas, hasta la noche del domingo, por la presidenta Dilma Rousseff, sus ministros de Hacienda, Joaquim Levy; y de Planificación, Nelson Barbosa; así como el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Aloizio Mercadante.
Según afirma hoy el diario "Folha de Sao Paulo", el equipo económico evalúa que "no hay mucho espacio para que el recorte quede por debajo" de los 70.000 millones de reales (unos 23.300 millones de dólares).
La reducción de gastos prevista estaría "muy cercana a la necesaria" para garantizar el cumplimiento de la meta de superávit primario prevista para este año por el gobierno, que tiene una meta fiscal de 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según asesores de Rousseff citados por el rotativo.
La decisión final sobre el valor del reajuste será tomada por la presidenta, pero antes de hacerlo, el asunto será discutido hoy con líderes de partidos aliados, en una reunión que será comandada por el vicepresidente y coordinador político del gobierno, Michel Temer.
Según "Folha", parte del equipo de gobierno que no integra el ala económica pretende que el recorte de gastos no supere los 60.000 millones de reales, para evitar que el gobierno federal quede virtualmente paralizado.
Por su parte, el equipo económico aspira a un recorte de casi 80.000 millones de reales, para compensar lo que se dejará de ahorrar por causa de alteraciones realizadas por el Congreso a medidas incluidas en el ajuste fiscal vinculadas a derechos laborales y jubilatorios.
De hecho, los cambios impulsados por el Legislativo a las primeras medidas del ajuste propuestas por Levy ya redujeron el ahorro previsto en 4.000 millones de reales.
Según el diario "O Estado de Sao Paulo", Levy propuso que los tributos sean elevados por decreto presidencial, tal como se hizo a principios de año con impuestos sobre el crédito al consumidor y los combustibles, entre otros.
El objetivo del titular de Economía es garantizar el superávit deseado y frenar el riesgo de que se rebaje la nota de crédito de Brasil.
Para ello, propone incrementar el Impuesto sobre Operaciones Financieras y los tributos PIS y Confins, que gravan, respectivamente, programas de integración social y de patrimonio de los funcionarios públicos, y de la seguridad social.
El problema para la presidenta es que medidas tan drásticas no son aceptadas ni siquiera por legisladores de su propio Partido de los Trabajadores (PT), además de ser resistidas por varios partidos aliados.
La reducción de gastos, que ya afectó beneficios sociales, podrá impactar además en programas emblemáticos del primer gobierno de Rousseff y de su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), vinculado a obras de infraestructura, y Mi Casa, Mi Vida, que facilita el acceso a vivienda propia a la población de bajos recursos.
Otras fuentes de ingresos para el gobierno federal que están en análisis son la venta de acciones del sector de seguridad del banco estatal Caixa, y la subasta de concesiones de explotación de petróleo.
Se prevé que los recortes sean anunciados hacia el fin de semana, para aguardar la votación en el Congreso de medidas de ajuste fiscal. El monto final de recortes será estipulado en función de las alteraciones que haga el Legislativo a esas medidas. Fuente: DPA.de
