La audiencia pública convocada por el Gobierno para estudiar los costos del servicio de transporte y decidir sobre un posible aumento en las tarifas contó con voces a favor y en contra del pedido de las empresas. Así, dirigentes de ONG, gremios y Autam participaron de la reunión y mostraron sus argumentos.
En primer lugar desde los empresarios de transporte pidieron un aumento que alcance para paliar la inflación, aunque prefirieron no especificar si utilizan los números del Indec o las consultoras privadas. Aseguraron que sus costos fijos de combustible, unidades y personal han crecido notablemente durante el año.
En el informe que hicimos la mayoría de las empresas tenemos coincidencias. Que quede claro, nosotros no pedimos un aumento en el pasaje, pero necesitamos estabilizar nuestros números o sino tendremos que reducir la calidad del servicio, dijo Oscar Razquin, de Autam, al finalizar la audiencia.
Por su parte, desde las ONG el encargado de hablar fue José Luis Ramón, de Protectora, quien pidió al gobernador declarar nula la audiencia y se quejó por los datos que difundieron las empresas. En 2003 gastaban 31 litros de gasoil cada 100 kilómetros. En 2013 41 y ahora dicen que gastan 43 litros. Queremos saber cómo con unidades más nuevas y modernas gastan más combustible, destacó.
Ante esto, Razquin dijo que las unidades adquiridas por las empresas son más grandes, por eso consumen más, y el incremento en el tránsito también significa un aumento en el gasoil que se utiliza. Los libros de las empresas están abiertos para que auditen. Se van a llevar muchas sorpresas, en muchos casos declaramos menos costos de los que realmente tenemos, enfatizó.
Por su parte Raquel Blas, de ATE, también participó de la audiencia pública y advirtió al Gobierno que un incremento en el valor del pasaje traerá una crisis social en pleno año electoral. Serán responsables si la provincia no tiene paz, dijo.
De esta forma, empresarios, gremios y ONG mostraron sus armas para pedir u oponerse a un incremento en el colectivo y ahora es el Gobierno el que deberá tomar una decisión, ya que la audiencia no es vinculante.
La deuda del Gobierno con las empresas de transporte
Por otro lado, desde Autam salen al cruce del Ejecutivo provincial asegurando que existe una deuda de 52 millones de pesos por el subsidio de transporte. Destacan que se trata de 2 meses de atraso y avisan que necesitan es dinero urgente.
Sabemos que la situación financiera es delicada, pero muchas empresas están trabajando a pérdida y cada día se complica más. El Gobierno Nacional, por su parte, está pagando en tiempo y forma, dijo Razquin.