Dos artículos de la Ley de Abastecimiento son severamente cuestionados por los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) que le otorgaría al gobierno poder para fijar precios, tasas de ganancias, dictar normas para regir la comercialización de productos y obligar a las empresas a mostrar su documentación.
La cuestión fue evaluada en un encuentro del Comité Ejecutivo de la UIA, en el cual su titular, Héctor Méndez, ya anticipó la preocupación.
Los artículos mas cuestionados están en el capítulo de la reforma que habla sobre Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo.
Los artículos fueron analizados en el marco de una multitudinaria reunión de Junta Directiva de la UIA:
Artículo 2: a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas.
b) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación distribución y o producción.
c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación.
d) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta Artículo 3 Los gobernadores de provincia y o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sí o por intermedio de los organismos o funcionarios que determinen, podrán fijar dentro de sus respectivas jurisdicción precios máximos y las pertinentes medidas complementarias.
La norma busca reemplazar a la Ley de Abastecimiento y endurece el control y el poder de policía del Estado sobre abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios.
Dirigentes de la central fabril sostienen que la iniciativa establece pautas que exceden la injerencia deseable del Estado en la empresa privada.
Entre los temas más cuestionados figuran márgenes de utilidad, precios mínimos y máximos para "todas y cualquier" etapa del proceso económico.
La iniciativa también posibilita dictar "normas relativas" a la comercialización y producción de todas las etapas del proceso de comercialización; disponer la continuación de la producción de bienes y la "fabricación obligatoria" de estos con niveles o cuotas mínimas, además de "requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial" y establecer licencias comerciales.
En la reunión, algunos dirigentes empresariales sostuvieron que la iniciativa representaría "el fin de la empresa privada argentina".
Los empresarios también mostraron su preocupación porque el proyecto incluye multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, "clausura definitiva" para quienes "eleven injustificadamente los precios".
La misma pena aplica a quienes se considere que revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados.
Estas facultades podrán ser ejercidas por la Secretaría de Comercio o por las provincias, con el referendo de la autoridad nacional.
Las multas serán aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos, y deberán ser primero pagadas y después recurridas. Fuente: DYN y NA
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