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De esa manera, el Gobierno busca que el Estado argentino tenga similar tratamiento en que aquellos países cuyos bancos centrales operen con activos en territorio nacional.
La iniciativa, que será tratada el martes a las 16:30 en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dispone también la suscripción de "los convenios bilaterales con las respectivas autoridades monetarias extranjeras" y faculta al BCRA a suscribir "los instrumentos internacionales" necesarios.
En sus considerandos, el proyecto basa la normativa en la idea central de que la "independencia e igualdad entre los estados" se verían amenazadas "si las tribunales de un país ejercieran su autoridad sobre personas o bienes de otro", caso que ocurrió con la decisión del juez norteamericano Thomas Griesa de trabar el pago a los bonistas que aceptaron los canjes lanzados años atrás por la administración kirchnerista.
"La inmunidad soberana se presenta así como un mecanismo de defensa que posee un Estado sobre cualquier acción legal interpuesta en su contra ante los tribunales de otro Estado, de tal modo que los tribunales de un país no puedan juzgar a otro Estado", argumenta el proyecto.
Distingue entre "inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución", siendo la primera -según la definición- "la que impide que un Estado sea llevado a juicio ante los tribunales de otro" y, a la segunda, como la que "impide que los activos de un país puedan inmovilizarse o utilizarse en otro para satisfacer una sentencia en su contra".
Fuente: Dyn

