La Dirección de Minería dejó sin efecto dos autorizaciones que abarcan casi 6.000 hectáreas. La firma no acreditó el inicio de los trabajos en los plazos establecidos.
La Dirección de Minería de Mendoza revocó dos permisos de exploración en Malargüe que abarcan 5.920 hectáreas por incumplimientos en el inicio de los trabajos.
El Gobierno de Mendoza decidió revocar dos permisos de exploración minera en Malargüe luego de constatar que la empresa titular no había acreditado el inicio de las actividades dentro de los plazos previstos por la legislación vigente. La medida alcanza a casi 6.000 hectáreas y abre un procedimiento administrativo que podría permitir que esas superficies vuelvan a estar disponibles para nuevos proyectos.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por su titular, Jerónimo Shantal.
Los permisos pertenecían a Newera Hydrogen SAS, empresa que había recibido los derechos de exploración mediante una cesión autorizada por el organismo provincial.
Las autorizaciones revocadas comprendían dos áreas ubicadas en el Distrito Minero Nº 05 de Malargüe, con una superficie total de 5.920 hectáreas.
Uno de los permisos abarcaba 5.433 hectáreas y había sido otorgado por un plazo de 650 días. El segundo comprendía otras 487 hectáreas, con una duración autorizada de 150 días.
Ambos derechos habían sido concedidos originalmente en noviembre de 2024 a Guillermo Wild Ceruzzi y posteriormente transferidos a Newera Hydrogen SAS, mediante una cesión registrada ante la Dirección de Minería.
Sin embargo, según las actuaciones administrativas, la empresa no acreditó la instalación de los trabajos de exploración dentro del período legalmente establecido. Esto se suma a la decisión adoptada por el Gobierno semanas atrás, sobre tres proyectos pertenecientes a Malargüe Distrito Minero Occidental III que fueron rechazados por la Autoridad Ambiental Minera debido a su cercanía con zonas glaciares y de alta sensibilidad ecológica.
Ante esta situación, los equipos jurídicos del organismo emitieron dictámenes favorables a la revocación de ambas autorizaciones.
Las decisiones se fundamentan en el Código de Minería de la Nación y en el Código de Procedimiento Minero de Mendoza, que establecen las obligaciones de los titulares de derechos mineros y las consecuencias de su incumplimiento.
Ambos proyectos contaban con sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ratificadas por la Legislatura de Mendoza en diciembre de 2025.
No obstante, la autorización ambiental no reemplaza las obligaciones que deben cumplir las empresas para conservar sus derechos de exploración.
"La aprobación ambiental no exime a los titulares de cumplir con las obligaciones y los plazos establecidos para desarrollar las actividades autorizadas", explicó Shantal.
De esta manera, la decisión administrativa pone de manifiesto que contar con una DIA aprobada no garantiza la continuidad de un permiso minero cuando su titular incumple las condiciones legales.
Tras la revocación de los permisos, las superficies involucradas quedarán sujetas al procedimiento de liberación establecido en el Código de Procedimiento Minero de Mendoza.
El primer paso será notificar a Impulsa Mendoza Sostenible SA, la empresa estatal vinculada al desarrollo de la actividad minera provincial.
De acuerdo con el artículo 39 de la normativa, la firma tendrá un plazo de 30 días hábiles para manifestar si tiene interés en destinar las áreas a tareas de Investigación Geológica Minera o solicitarlas conforme al régimen legal vigente.
En caso de que Impulsa Mendoza no ejerza su derecho de preferencia, y siempre que se cumplan las demás condiciones legales, se avanzará con la publicación de la liberación de las superficies durante dos días en el Boletín Oficial provincial.
Esto permitiría que las áreas puedan quedar disponibles para futuras iniciativas de exploración, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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