Un estudio de CAEM y UIA, acompañado por el BID, identificó las iniciativas que requieren inversiones mayores a USD50.000 millones. PSJ Cobre Mendocino, entre los desarrollos de cobre más avanzados del país.
La nueva minería abre una oportunidad para los proveedores de Mendoza. Imagen generada con IA.
El crecimiento de la minería argentina durante los próximos años no tendrá impacto únicamente sobre la producción y las exportaciones. Detrás de los grandes proyectos aparece otro mercado de enormes dimensiones: los bienes y servicios que necesitarán las minas para construirse y, posteriormente, mantenerse en funcionamiento durante décadas. Precisamente, allí está el mayor desafío.
Un nuevo informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Unión Industrial Argentina (UIA), con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dimensionó esa oportunidad y colocó a Mendoza dentro del mapa de provincias que podrían experimentar una fuerte expansión de la demanda.
El estudio, denominado Proveedores Mineros en Argentina: Escenarios y proyecciones de desarrollo, identificó más de 72 proyectos con necesidades de inversión superiores a USD 50.000 millones. Más del 70% de ese monto está concentrado en apenas seis proyectos avanzados de cobre, mientras alrededor del 25% corresponde a proyectos de litio.
Entre esos seis grandes desarrollos cupríferos se encuentra PSJ Cobre Mendocino, junto con Vicuña, Taca Taca, Los Azules, MARA y El Pachón.
Para Mendoza, el dato adquiere otra dimensión: el desafío no será solamente desarrollar la mina, sino conseguir que una parte creciente de los recursos que demande el proyecto quede en empresas y trabajadores de la provincia.
El informe proyecta para PSJ Cobre Mendocino una capacidad productiva promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con inicio de construcción previsto en 2026 y puesta en marcha en 2028.
Su escala es menor a la de los gigantes cupríferos proyectados en otras provincias. Por ejemplo, el estudio calcula 400.000 toneladas anuales para Vicuña, 338.000 para El Pachón, 236.000 para Taca Taca y 188.000 para Los Azules.
Esa diferencia también tendría incidencia sobre los tiempos. Mientras la construcción de los principales proyectos argentinos de cobre demandaría entre tres y cuatro años, el documento señala específicamente que PSJ podría iniciar la producción después de dos años de construcción debido a su menor escala.
El escenario nacional es considerablemente mayor. Si los seis desarrollos avanzados se concretan, sumarían una capacidad promedio estimada de 1,36 millones de toneladas de cobre fino por año. De acuerdo con las proyecciones del estudio, Argentina comenzaría a incorporar nuevas operaciones desde 2028 y podría producir alrededor de 1,25 millones de toneladas anuales hacia 2040.
Pero la pregunta que atraviesa el informe es otra: ¿cuánto de ese crecimiento podrá ser aprovechado por la industria argentina?
Allí aparece una oportunidad concreta para los proveedores mendocinos. La construcción de una mina de cobre demanda bienes de capital, materiales, ingeniería, obras civiles, montaje y logística. Una vez iniciada la producción, cambian las necesidades y aparecen consumos permanentes de energía, combustibles, insumos industriales, repuestos y mantenimiento.
El relevamiento detectó capacidad nacional en actividades como exploración, topografía, perforación, ingeniería, gestión ambiental, laboratorios, movimiento de suelos, obras viales, módulos habitacionales, cañerías, válvulas, bombas, tanques, cintas transportadoras, mantenimiento, tratamiento de aguas e indumentaria y calzado de seguridad.
También identifica oportunidades en estructuras metálicas, piezas sometidas a desgaste, repuestos de bombeo, montajes electromecánicos y servicios especializados. Parte de esa capacidad ya existe en sectores como la metalmecánica, oil & gas, química y autopartista, y podría adaptarse a los requerimientos mineros.
El punto es especialmente relevante para Mendoza por la existencia de un entramado industrial vinculado históricamente a otras actividades productivas. El informe no cuantifica específicamente cuántas empresas mendocinas podrían abastecer a PSJ, por lo que sería incorrecto asignar una cifra provincial. Sí plantea que la cercanía geográfica puede convertirse en una ventaja competitiva para los proveedores.
Uno de los aspectos interesantes del estudio es cómo describe las compras de las compañías mineras. El abastecimiento funciona, en parte, mediante “anillos geográficos”. El primero corresponde al área directamente cercana al proyecto; el segundo abarca al resto de la provincia donde se encuentra la mina; y el tercero, al resto de Argentina.
Para ese segundo anillo provincial, el estudio encuentra ventajas vinculadas a la cercanía logística y a servicios como el mantenimiento.
Esto abre una oportunidad directa para compañías mendocinas capaces de cumplir los estándares requeridos por PSJ. El precio, además, no siempre es el único factor. Un proveedor cercano puede reducir costos de transporte, acortar los tiempos de entrega y ofrecer servicio posventa, talleres próximos o disponibilidad inmediata de repuestos. Esas ventajas pueden incluso compensar diferencias de precio frente a un producto importado, especialmente cuando una demora implica detener equipos u obras.
La oportunidad, advierte el informe, no garantiza automáticamente una mayor participación nacional. Los grandes equipos —como camiones mineros, palas, perforadoras, chancadores y molinos SAG— continúan principalmente en manos de fabricantes internacionales sin producción en Argentina.
Además, para ingresar como proveedor se necesitan homologaciones, certificaciones, trazabilidad, estándares de calidad, seguridad y capacidad financiera.
También existen problemas más generales: costos logísticos elevados, presión impositiva, dificultades de financiamiento para inversiones y capital de trabajo y una escala de demanda que, si varios proyectos avanzan simultáneamente, podría superar la capacidad existente en rubros como movimiento de suelos, montaje y logística.
Por eso, el informe sostiene que el desarrollo de proveedores debe ser una política deliberada y no una consecuencia esperable por el solo hecho de que haya nuevas minas.
Para Mendoza, esa conclusión pone el foco sobre los próximos años. PSJ Cobre Mendocino no necesitará proveedores recién cuando comience a extraer cobre: buena parte de la oportunidad aparece durante la etapa previa, con la construcción de infraestructura, ingeniería, movimiento de suelos, montajes y servicios.
El informe recomienda que las compañías anticipen sus necesidades y comuniquen con tiempo los estándares, certificaciones y homologaciones exigidas. A los proveedores, en tanto, les plantea mejorar su eficiencia, digitalización, trazabilidad, capacidad financiera y conocimiento técnico de los procesos mineros.
La dimensión de la oportunidad explica la urgencia. Argentina tiene una cartera de más de 72 proyectos que supera los USD 50.000 millones de inversión, y Mendoza ya tiene un proyecto incluido entre los seis desarrollos de cobre que concentran la mayor parte de ese capital.
La discusión, entonces, comienza a desplazarse. Además de cuánto cobre podrá producir Mendoza, el desafío será determinar cuántas empresas mendocinas estarán preparadas para venderle bienes y servicios a esa nueva minería y qué proporción de esa inversión podrá transformarse en actividad económica dentro de la provincia.
