El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Fedrico Sturzenegger, ultima, según trascendió, un nuevo paquete de proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso para flexibilizar sectores clave de la economía.
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Sturzenegger y el borrador que encendió las alarmas en el vino argentino
Federico Sturzenegger insiste con la eliminación de la Coviar, redefinir legalmente el vino y modificar el rol del INV.
Entre los borradores que circularon esta semana, ninguno generó tanta inquietud en Mendoza como el que dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el organismo mixto que desde 2004 conduce la política de promoción y fortalecimiento del sector. La iniciativa, aún no presentada oficialmente, también reescribe la definición legal de vino y traslada funciones regulatorias al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), lo que ya despertó varios rechazos en el sector. El texto, según fuentes oficiales, todavía está "en revisión", sin fecha definida para su envío al Congreso.
El fin de un organismo con dos décadas de historia
El capítulo vitivinícola del anteproyecto deroga la Ley 25.849, que en 2004 dio origen a la Coviar para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y coordinar al sector público con el privado. De aprobarse, la corporación deberá presentar un informe de cierre y liquidarse en dos meses, con posibilidad de que el Estado designe un liquidador, los recursos remanentes pasarán al INV.
La medida llega apenas dos meses después de que la Secretaría de Agricultura dispusiera el cierre del PEVI (extendido por la propia Coviar hasta 2030) y la suspensión del aporte que lo financia, decisión que la Justicia Federal frenó de manera provisoria a partir de una cautelar de la entidad. El anteproyecto reabre ahora ese frente por la vía legislativa y en forma definitiva. "Para nosotros es bastante perjudicial y bastante nocivo, pero también es extremadamente nocivo para la industria", planteó el presidente de la Coviar, Fabián Ruggeri.
"Cambia totalmente el concepto de lo que es el vino"
El punto que más resistencia generó es la nueva definición legal de vino. Hoy la norma lo vincula exclusivamente a la fermentación del jugo de uva recién molida, el texto habilitaría, en cambio, el uso de mostos sulfitados o concentrados y rehidratados. "Ya cambia sustancialmente todo el concepto. Voy a poder hacer vino con un mosto sulfitado", advirtió Ruggeri.
El dirigente cuestionó además una disposición que permitiría mezclar vinos importados con producción nacional sin identificarlos como tales, lo que eliminaría la trazabilidad y abriría la puerta a excedentes de otros países. "Todos los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado", sostuvo. El problema, aclaró, no pasa por un eventual abaratamiento para el consumidor sino por el efecto sobre el precio que recibe el productor de uva. "Esto no es un commodity. Los vinos tienen identidad, tienen cultura, tienen gente atrás, tienen familias", afirmó.
Críticas al nuevo rol del INV
Ruggeri también apuntó contra el rol que el proyecto le asignaría al INV, que concentraría funciones regulatorias y de control hoy diferenciadas. "Lo pone como juez y parte", dijo, y remarcó que ningún país productor serio adopta ese esquema, ni Chile, ni Brasil, ni España, Francia o Italia. Para el titular de la corporación, la propuesta parte de una mirada ajena a las particularidades del sector. "Es el pensamiento de alguien que no entiende lo que significa la viticultura".
El anteproyecto llega, además, en un clima de tensión por el aumento de aranceles que cobra el INV, rechazado por bodegas y viñateros. El texto también reduce controles e inspecciones en la cadena, flexibiliza las prácticas enológicas admitidas y unifica el esquema de multas según el valor del producto.
Corretaje, aduana y puertos, también en la mira
El capítulo vitivinícola es apenas una pieza de un paquete que, según fuentes de la Casa Rosada, es más extenso, aunque hay otros tres ejes que ya definen su fisonomía. Uno reconfigura el mercado inmobiliario, busca que el corretaje deje de considerarse "profesión liberal" y se encuadre como servicio de intermediación comercial, habilite el ejercicio sin restricciones geográficas y elimine la matrícula obligatoria. Otro reforma integralmente el Código Aduanero, para reducir trámites en el comercio exterior y revisar la figura del contrabando.
El tercero reforma la Ley de Cabotaje, que regula el transporte entre puertos argentinos, ampliaría la competencia para bajar costos logísticos y permitiría que buques con bandera extranjera operen en el país, además de modificar el régimen de los prácticos, con el consiguiente debate con navieras y sindicatos. En el plano agropecuario, el proyecto desregula además los contratos de alquiler de campos. Algunos borradores incluían un pedido de facultades delegadas por emergencia administrativa, que altas fuentes gubernamentales desmintieron ante la consulta de este medio.
El Congreso arbitro final
El paquete se prepara en un contexto legislativo algo alterado para el oficialismo. La semana pasada, la sesión sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados, reacios a votar la apertura de la venta de tierras a extranjeros en pleno clima de reivindicación nacionalista por la bandera de Malvinas que exhibió la Selección. Esa norma tiene futuro incierto en el Senado, donde también deberá tratarse la Ley Hojarasca, mientras la nueva Ley General de Sociedades todavía no empezó a discutirse. En ese tablero legislativo trabado, el Gobierno deberá encontrar los votos para sostener, entre otras cosas, el final de la Coviar.