El modelo de Brasil reabre el debate: cómo sustituir impuestos distorsivos sin afectar el equilibrio fiscal ni esperar décadas para recuperar competitividad.
Brasil aplico una reforma tributaria que puede ser modelo para Argentina
Un seminario que reunió en Buenos Aires al arquitecto de la reforma impositiva de Brasil con funcionarios y dirigentes de distintos niveles de gobierno reabrió una pregunta incómoda: ¿alcanza con seguir bajando el gasto público para desarmar el andamiaje de impuestos que castiga a la producción, o hace falta animarse a cambiar, de una vez, la forma de recaudar?
Bernard Appy diseñó la reforma tributaria brasileña y esta semana compartió mesa, en el encuentro “Brasil en el espejo fiscal”, con referentes políticos y técnicos argentinos. La convocatoria tuvo un propósito concreto: analizar qué lecciones de esa experiencia pueden trasladarse a un sistema impositivo local que casi nadie discute que haya que cambiar, aunque sí genera controversia el cómo.
Sobre el diagnóstico hay pocas discrepancias. Economistas de distintas corrientes coinciden en que el esquema impositivo actual resta competitividad y que el daño crece a medida que se alargan las cadenas productivas. Los tributos más rudimentarios encarecen costos, desalientan inversiones y terminan destruyendo empleos existentes, cuando no impiden que otros lleguen a crearse.
El problema, señala Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, se agudiza en un contexto de estabilidad macroeconómica y mayor apertura al mundo: las empresas necesitan ganar eficiencia para competir, algo casi imposible con cargas financieras y administrativas desproporcionadas.
Frente a ese cuadro se instaló una respuesta que suena razonable a primera vista: si el gasto público crece por debajo de la inflación y la recaudación mejora de la mano del crecimiento económico, se irían generando los excedentes necesarios para bajar los impuestos más distorsivos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es la lógica que domina buena parte del debate público desde hace meses.
Los números, sin embargo, obligan a matizar esa expectativa. Solo las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales aportan al fisco recursos equivalentes a casi el 8 % del PBI, una porción que financia más de una cuarta parte del gasto público consolidado y resulta decisiva para las cuentas de Nación, provincias y municipios por igual.
El núcleo del problema está en los tributos que se superponen con el IVA: Ingresos Brutos y tasas municipales concentran más de la mitad de esa recaudación distorsiva, con un impacto más severo cuanto más larga es la cadena de valor de cada producto, justo las que más empleo podrían aportar.
Ahí aparece la pregunta que Giordano define como “la del millón”: qué tan sólida es una estrategia que subordina la baja de impuestos a que la reducción del gasto genere, antes, los recursos para compensarla. El ajuste fuerte se concentró en 2024, pero desde entonces el gasto nacional se estabilizó y el de provincias y municipios volvió a crecer. El gasto previsional, que explica cerca del 40 % de las erogaciones nacionales y el 20 % de las provinciales, actúa como un techo difícil de perforar en el corto plazo.
La conclusión, dice el economista cordobés, es que hay margen para seguir ajustando y haciendo más eficiente al Estado, pero resulta poco realista esperar que crecimiento y recorte de gasto liberen, en poco tiempo, un equivalente al 8 % del PBI. Por ese camino, incluso en el escenario más optimista, el proceso demandaría décadas, mientras la necesidad de recuperar competitividad no admite esa espera.
Brasil eligió otra secuencia. En lugar de esperar a que el ajuste del gasto abra espacio fiscal, concentró el esfuerzo en mejorar la recaudación del IVA para, con esos recursos, ir eliminando otros impuestos sobre las ventas mucho más nocivos. La lógica es sencilla: si el Estado necesita determinado nivel de ingresos para no comprometer el equilibrio fiscal, conviene obtenerlos con tributos que distorsionen lo menos posible las decisiones de inversión, producción y empleo.
Para la Argentina, sostiene Giordano, el equivalente sería un “súper IVA” capaz de absorber rápidamente a Ingresos Brutos y a las tasas municipales, las dos fuentes principales de distorsión del sistema. Y subraya un dato que cambia la conversación: Brasil es un país federal con una estructura política más fragmentada que la argentina, con 26 estados, un Distrito Federal y más de 5.500 municipios de perfiles heterogéneos. Si ese entramado logró un acuerdo, cabe preguntarse por qué acá debería darse por descontado que es imposible.
Una reforma de esa magnitud obliga a definir cómo se reparten entre Nación, provincias y municipios los recursos del nuevo impuesto. La salida más simple sería absorber Ingresos Brutos y tasas municipales dentro del IVA y repartir lo recaudado replicando las distorsiones de la actual coparticipación. Con mayor audacia política, en cambio, el mismo proceso podría ser la oportunidad de encarar, por fin, la revisión de ese régimen que la Constitución exige actualizar desde hace casi tres décadas.
Giordano no propone resignar la disciplina fiscal ni la mejora en la calidad del gasto público, que sigue considerando imprescindibles. Lo que cuestiona es supeditar la reforma tributaria a esa austeridad: esperar una baja del gasto equivalente al 8 % del PBI equivale a resignarse, durante décadas, a convivir con un sistema que castiga la producción y el empleo. Brasil ya decidió sustituir sus impuestos más dañinos por otros más modernos y eficientes. La pregunta que le queda a la Argentina, cierra el economista, ya no es tanto si conviene hacerlo, sino cómo se hace.
