La nafta súper subió 558% en dos años y medio, frente a salarios que avanzaron 311%. El alza redujo 38% el poder de compra en combustible.
Precio de la nafta: subió 558% y el salario promedio llena diez tanques menos.
Foto: NA
En dos años y medio de gestión del actual gobierno, la nafta súper acumula una suba del 558% y un sueldo privado promedio compra hoy diez tanques menos que en noviembre de 2023. YPF exhibe el mejor balance de su historia y la Casa Rosada celebra el superávit fiscal. La factura, litro a litro, la paga quien carga combustible.
Un reciente informe de la Fundación Encuentro destaca que llenar el tanque se volvió, para el argentino de a pie, una misión imposible. Al asumir, el Gobierno devaluó el peso un 54% de un día para otro y desreguló el mercado de combustibles, que hasta entonces convivía con precios pisados y ajustes escalonados. Todo lo que estaba contenido se trasladó al surtidor sin escalas: la devaluación, la liberación de precios y una suba de impuestos que se incorporó, sin pausa, al nuevo valor base. Fue el punto de partida de una escalada que, treinta meses después, todavía no encontró techo.
Los números cuentan la historia mejor que cualquier discurso oficial. En noviembre de 2023, el litro de nafta súper costaba 311 pesos; hoy supera los 2.000. Ese salto no se explica únicamente por la inflación general: medido en dólares, el combustible subió cerca de un 45% en el último año, muy por encima del resto de la economía. Los salarios, mientras tanto, treparon un 311% durante el período. La nafta, un 558%. La brecha entre esas dos curvas es, en rigor, el tamaño del ajuste que absorbió el bolsillo.
Traducido a la vida cotidiana, el dato golpea de otra manera. Un sueldo privado promedio compraba 26,3 tanques de 50 litros en noviembre de 2023; hoy alcanza para 16,4. Son diez tanques de diferencia y un 38% menos de poder de compra en combustible. Llenar el tanque cuesta ahora más de 100.000 pesos, una cifra que pocos años atrás habría sonado a chiste y que ya forma parte del paisaje.
El contraste es el corazón de la historia. Arriba, en los balances corporativos y en las planillas del Ministerio de Economía, todo cierra mejor que nunca: resultados récord para el sector energético, superávit fiscal, menos deuda y más caja. Abajo, en la calle, el combustible caro se lleva puesto el salario y empuja la inflación cotidiana. ¿Puede sostenerse un ajuste que celebra sus números arriba mientras erosiona, mes a mes, la capacidad de consumo de quien maneja para ir a trabajar? La política de combustibles de estos dos años y medio parece responder que sí, al menos por ahora.
Una paradoja atraviesa todo el período y rara vez se explica con claridad: Argentina no importa la nafta que consume, sino que la produce. Vaca Muerta bombea petróleo propio en cantidades crecientes, un 47% más en el último año, y las refinerías trabajan al tope de su capacidad. Aun así, el precio interno se fija como si cada litro llegara en barco desde el exterior. El resultado es un país productor que paga valores de país importador por un recurso que le pertenece.
Esa decisión de política energética no es un detalle técnico: sus consecuencias se sienten en toda la cadena de precios. Casi todo lo que se consume en el país viaja en camión durante algún tramo de su recorrido. Cuando sube el gasoil, aumenta el flete; cuando aumenta el flete, suben los precios en las góndolas. El combustible es uno de los pocos costos capaces de trasladarse al precio de cualquier producto, tenga o no auto quien lo compra. Según cálculos privados, puede sumar hasta 2,5 puntos a la inflación anual. La cifra explica por qué el ajuste energético termina pagándolo cualquiera que haga las compras del mes, no solo el automovilista.
Al precio, ya elevado por la ecuación de mercado, se suman los impuestos a los combustibles, una parte de los cuales está destinada por ley a la construcción y el mantenimiento de la red vial. En los últimos dos años y medio se recaudaron 1,5 billones de pesos con ese fin específico. Solo el 26% se ejecutó efectivamente en obras viales; el resto, 1,1 billones, quedó colocado en plazos fijos y bonos del Estado. De cada 100 que un automovilista aporta para financiar mejores rutas, apenas 26 vuelven en asfalto.
Con los fondos que quedaron sin ejecutar podrían haberse reparado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, casi dos tercios de toda la red vial nacional. Mientras ese dinero engrosa la caja del superávit, las rutas se deterioran y el peaje de la desidia termina pagándolo, otra vez, quien maneja.
La política de combustibles de estos dos años y medio llena dos cajas: la de los balances energéticos y la del resultado fiscal. Las cuentas de arriba cierran cada vez mejor. La ruta y el bolsillo del argentino, no.
