Potasio Río Colorado: qué pide al Gobierno Fiscalía de Estado
La concesión de Potasio Río Colorado establece un plazo de confidencialidad, en la venta de activos antes de ir a la Legislatura. Fiscalía pide justificarlo.
Segunda etapa del Distrito Minero: Cornejo anunció 29 nuevos proyectos en Malargüe.
Foto: Yemel Fil
El traspaso del proyecto Potasio Río Colorado a la nueva sociedad concesionaria parece avanzar sin grandes obstáculos para el Gobierno de Mendoza. De hecho, el acuerdo por el 88% de acciones de PRC, la firma estatal que hasta ahora administra los activos de la mina en Malargüe, consiguió un aval parcial de Fiscalía de Estado en su camino hacia la Legislatura, última instancia que le falta al contrato para que la sociedad de capitales argentino-brasilera se haga cargo del principal proyecto minero de Mendoza.
El día después de confirmarse la continuidad de la gestión de Rodolfo Suarez en Alfredo Cornejo, Fiscalía de Estado se pronunció sobre las actuaciones en el expediente respectivo. Concretamente, a partir de un análisis del proceso por el cual Mendoza vuelve a concesionar Potasio en manos del consorcio Minera Aguilar y la brasilera ARG, un acuerdo del que, sin embargo, el Gobierno de Rodolfo Suarez deberá dar algunas explicaciones, como la confidencialidad de algunos términos del acuerdo por el cual la sociedad promete invertir u$s 1.000 millones en 5 años.
En concreto, el acuerdo de transferencia de acciones entre Mendoza y la nueva sociedad de Potasio es el corolario de un proceso de selección de capitales internacionales que comenzó con 60 empresas y terminó con sólo 3. Fueron las que hicieron una "oferta vinculante" para quedarse con la operación, entre las que resultó elegida la sociedad Minera Aguilar Potasio S.A como "socio estratégico internacional" de la Provincia para explotar Potasio, pero de cuyas condiciones poco se ha conocido hasta ahora.
Parte de ese proceso fue determinar el estado de eventuales pasivos ambientales tras la salida del proyecto de la minera brasilera Vale, su ex concesionario. Según la Resolución N°376/23 de la Dirección de Protección Ambiental el yacimiento de Potasio Río Colorado "se encuentra en buenas condiciones ambientales, no detectándose cambios a los ya informados en resoluciones anteriores".
De PRC a Minera Aguilar: cómo fue el proceso
En cuanto al modelo de acuerdo por la venta de acciones (88%), se deja en claro que PRC S.A.U. es dueña de los "derechos mineros" de Potasio Río Colorado mencionan. Asimismo, Fiscalía analizó el contrato de Fideicomiso por el cual la sociedad estatal estipula que la adjudicataria (la argentina Minera Aguilar y la brasilera PRG) es fiduciante: así, entrega sus acciones en garantía del cumplimiento del plan de inversiones según el contrato firmado el miércoles 12 de setiembre.
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La nueva concesión de Potasio Río Colorado obtuvo un dictámen con condiciones de Fiscalía de Estado
Foto: Yemel Fil
El nuevo concesionario de Potasio se presenta como Compañía Minera Aguilar Potasio S.A., cuyo accionista principal, con el 70%, es Minera Aguilar S.A. La firma del grupo Vila-Manzano tiene como CEO a Nicolás Mallo Huergo, por años también responsable de Andes Energía, con foco en el negocio del petróleo (antes Ketsal-Kilwer, hoy Phoenix). Su socio: la brasilera Servicios Mineros del Cono Sur S.A., con el restante 30%.
¿Qué dice el reporte de la suiza UBS? Que en base a la información disponible "y tomando en cuenta los requisitos y condiciones establecidos por PRC, la propuesta de Minera Aguilar se alinea mejor a los objetivos de PRC y sus accionistas”, que en representación de la Provincia de Mendoza conserva el 12% del paquete accionario de Potasio.
Sometido a una serie de criterios que otorgan puntaje (49 en total), de acuerdo al detalle de Asesoría de Gobierno Minera Aguilar sumó 119 puntos en total, 34 más que la firma que resultó segunda en el orden de méritos. Pero Fiscalía observa algo puntual: que sobre la confidencialidad sobre los términos del acuerdo "no se ha previsto un plazo" siendo que sí existe la necesidad de "establecer la duración del secreto acordado" .
Del voluminoso expediente sometido al análisis de Fiscalía surge que se contactó a 60 empresas, de las cuales 14 firmaron el Acuerdo de Confidencialidad, clave para contar con información necesaria para hacer una oferta no vinculante. De ese grupo, 5 interesados la formularon, pero solamente 3 empresas realizaron una propuesta vinculante: de esa selección final surgió (previo informe favorable de UBS) que el holding liderado por Compañía Minera Aguilar S.A.
Qué sugiere el dictamen de Potasio
El organismo de control estatal también adhiere a ciertos considerandos del dictamen emitido por la Asesoría Letrada del Ministerio de Economía, que pide especificar información del acuerdo entre PRC y los nuevos adjudicatarios de Potasio.
"Entendemos que los considerandos de la norma podrían referir algunos hitos del proceso de búsqueda o selección y consideramos conveniente incorporar.......( como anexo de los art. 1º y 2º del decreto) los contratos que se ratifican y que se someten a la aprobación legislativa", dice el dictamen oficial que destaca Fiscalía de Estado.
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Foto: Yemel Fil
Sin embargo, se pronuncia claramente sobre la confidencialidad. Señala que "para disponer el “secreto” de actuaciones, es necesario fundarlo suficientemente".
Asimismo, adhiere a otros puntos, como "unificar la terminología" para consignar "contrato de transferencia de acciones¨ en lugar de compraventa. Y sugiere hacer referencia a la composición accionaria de Impulsa Sostenible SA "a los efectos de aclarar su estatus en relación a la transferencia del 12%" de acciones de PRC SAU a dicha sociedad.
Fiscalía pone en contexto el análisis de la "juridicidad" y la "razonabilidad" del traspaso de Potasio de modo que no afecte el patrimonio ni los intereses fiscales del Estado provincial. Para eso, acepta que el Gobierno mendocino tiene un margen de "discrecionalidad administrativa" para poder "escoger entre dos o más alternativas igualmente válidas", pero que no debe hacerlo en forma arbitraria y "antojadiza" sino para alcanzar el "bienestar general".
La corrupción, en foco
Además, en general Fiscalía de Estado se vale de lo que exigen las leyes de transparencia y los programas de "compliance" que suscriben cada vez más empresas. En otras palabras, adoptar mecanismos que aseguren la no comisión de delitos.
"En lo relativo a las previsiones sobre materia “anticorrupción” es de destacar que la adjudicataria debe dar cumplimiento a los parámetros mínimos establecidos en las leyes nacional y provincial aplicables", reza parte del dictamen.
El criterio expuesto para el análisis por parte del fiscal Fernando Simón es aplicar principios del derecho público sobre el funcionamiento de las S.A. estatales (como PRC e Impulsa Mendoza), lo que incluye la forma de contratación. En tal sentido, consideró que el procedimiento licitatorio permite "realizar una operación ventajosa de acuerdo a las reglas de índole constitucional" y destaca ventajas: precios más convenientes, evitar colusiones "dolosas" y un "contralor eficaz".
"Considero que se habrían cumplimentado “prima facie” los principios generales y los pasos esenciales previstos en el Reglamento de Búsqueda de Inversores aprobado", dice el dictamen suscripto por Simón, en referencia a lo resuelto por la gerencia de PRC hace casi un año (el 30 de setiembre de 2022) por lo que la Provincia contrató a la UBS (Unión de Bancos Suizos) para la búsqueda de inversores para Potasio ratificada en febrero último, que queda abierto a más información por parte del Gobierno.
